El conjunto de leyes que obstaculiza el ejercicio periodístico aumenta en el país.
SANTO DOMINGO.-Las leyes que coartan la libertad de expresión se han convertido en agente seductor para los congresistas, quienes no paran de incluir artículos en esa dirección en legislaciones muy disímiles.
Es tan así, que hay más leyes que penalizan el denominado delito de palabras que las que sancionan el secuestro, el genocidio, peculado, la estafa y la corrupción. Todas ellas, según la opinión del jurista Manuel Tapia, “afectan al ejercicio del periodismo”.
El listado de leyes
Tapia incluye en ese listado el Código Penal (sanciona con prisión por ofensas en contra del presidente, ministros, legisladores y representantes diplomáticos), en términos similares la Ley 61-32 de Expresión y Difusión del Pensamiento y Ley No. 192-19 sobre Protección de la Imagen, Honor e Intimidad Familiar Vinculados a Personas Fallecidas y Accidentadas. Pero hay más. La Ley de Libre Acceso a la Información Pública, la de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, el Código Monetario, el Código del Menor, etc.
A estas leyes se suman proyectos en vías de aprobación como la iniciativa que regula el derecho a la intimidad y de ciberdelito que dispone prisión de tres meses a cuatro años si son utilizados términos discriminantes.
Ambigüedades en ley
El presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado, dijo ayer que ya han planteado a los congresistas modificar la Ley 6132 y que se incluyan solo en ella todos los articulados sobre el tema. Indicó que el resto de legislaciones fungen como amenazas, además de que son muy ambiguas.
“Cuando conviertes las ambigüedades en instrumentos legales, estas se vuelven una amenaza efectiva en contra del ejercicio porque se puede prestar para todo, incluso para abusos desde el poder”.
Señaló que la sociedad debe ver los medios como parte de ese inventario de la democracia. “Sin embargo, hay aquí una inclinación perturbadora de siempre querer legislar contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”.
Citó como cosa incongruente que muchas de esas legislaciones son promovidas por “gobiernos supuestamente democráticos que se han servido de los medios y, sin embargo, no tienen tanto aprecio por los medios”.
Una sola ley
El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez coincidió con Maldonado al declarar que lo que corresponde es hacer una ley integral que incluya la protección de la libertad de expresión y la protección de los derechos de intimidad y el honor de las personas.
“Son derechos que se configuran entre pesos y contrapesos, libertad de expresión versus derecho a la intimidad, honor y propia imagen, eso debe ir solo en una sola ley”.
Explicó que en lo referente a las posibles ambigüedades en artículos que versan sobre la discriminación, la base a ser considerada para legislar en ese sentido son los tratados internacionales ya suscritos por el país.
“Ideología, género, raza, creencia, etnia, etc.
Consecuentemente la Ley 6132 sanciona el discurso del odio que es un discurso contra grupos o colectivos y lo que se debe actualizar es que toda norma que se vaya a hacer debe hacerse al amparo de los derechos internacionales”.
Hasta cinco años de prisión por difamación
Sanciones. El Poder Ejecutivo depositó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca sancionar el ciberdelito.
En el mismo, se contempla penalizar por el delito de la discriminación con penas que van de tres meses a cuatro años de prisión y multas de hasta quinientos salarios mínimos. Exige, así mismo, a los proveedores de servicios eliminar en un plazo de veinticuatro horas el material y publicaciones “de caracter discriminatorio que se haya notificado”.
La difamación es sancionada con hasta cinco años de prisión y la injuria con hasta quinientas veces el salario mínimo. La injuria podrá promoverse mediante acción pública a instancia privada o acción penal privada.
