Las ‘Golden Visa’ cesan desde este jueves en España pero el sector duda de su impacto real

Madrid.- El permiso de residencia para extranjeros inversores en España, las llamadas ‘Golden Visa’, dejará de aplicarse a partir del próximo jueves, después de estar en vigor desde 2013, y haber registrado hasta 2023 más de 14.500 permisos por inversiones inmobiliarias, con un aumento notable en los últimos años.

Las ‘Golden Visas’ para extranjeros de fuera de la Unión Europea las aprobó el gobierno del conservador Partido Popular (PP), tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria que sufrió España en esa época y permitía obtener el visado de residencia por la compra de inmuebles de más de 500.000 euros en España o por inversiones en depósitos bancarios, deuda pública, acciones, fondos de inversión y proyectos empresariales de interés general.

Hace un año, el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció que eliminaría este tipo de visados al asegurar que estaban provocando problemas de acceso a la vivienda en ciertas ciudades y que la vivienda es un derecho y “no un mero negocio especulativo».

El Ejecutivo destacó entonces que entre 2013 y 2023 se habían concedido 14.576 visados por inversiones en inmuebles y que en los últimos años se había registrado un incremento exponencial, sobre todo tras el brexit y la guerra de Ucrania.

Barcelona (noreste), Madrid (centro), Málaga (sur), y Alicante, Islas Baleares y Valencia en el este, habían concentrado el 90 % de todas las autorizaciones concedidas en estos años, que habían beneficiado en su mayoría a ciudadanos chinos y rusos.

Con esta decisión, y después de que varios países del entorno hayan endurecido o revisado estos permisos, se modificó la Ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización con la derogación de los artículos que hacían referencia a los visados de residencia para inversores.

Además, el Gobierno quiere también limitar la compra de vivienda por parte de extranjeros no comunitarios, introduciendo un desincentivo fiscal que habrá que ver si pasa por un IVA del 100 % o a través del Impuesto de Transmisiones.

España sufre una escasez de vivienda, sobre todo de alquiler, que hace subir los precios, en especial en las zonas más turísticas y en las principales ciudades.

El sector ve un impacto muy limitado en la medida Muchos en el sector inmobiliario creen que la supresión de las ‘Golden Visa’ tendrá un impacto muy limitado, dado el perfil de viviendas que compran estos extranjeros y la escasez de producción para dar respuesta a una demanda creciente, y la oposición del PP también critica la medida.

El presidente de la Cámara de España, José Luis Bonet, llegó a calificar este anuncio de “gesto demagógico” y la patronal de las inmobiliarias de Baleares Abini coincidía en que no tendría “ningún» impacto en las islas y que el verdadero problema del archipiélago era la falta de vivienda.

La Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) también veía una “cortina de humo” para ocultar el “fracaso” de las políticas de vivienda del Gobierno. La división inmobiliaria de Sotheby’s en España ve incoherente “atacar” la entrada de inversión extranjera a España cuando es un factor clave para la economía española y apunta que ni las localizaciones ni el producto que compran estos inversores es el que demanda el ciudadano medio en España.

Dudas sobre el origen de los fondos y desigualdad La desigualdad entre los que piden la nacionalidad española, la falta de control sobre el origen de los fondos y su posible relación con el crimen, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo o la evasión de sanciones o impuestos son muchos de los riesgos que denuncia Transparencia Internacional con las ‘Golden Visa’.

Eka Rostomashvili, coordinadora de campañas en la organización, lamentaba recientemente la competencia entre países para captar inversión extranjera con estas fórmulas, con las que denunciaba, en muchos casos que el solicitante no pisa ni el país.

Lea más: Le Pen, condenada a prisión e inhabilitada durante cinco años para cargo público