Manuel Jiménez V.
Desde el periodo conocido como el «gobierno de los 12 años», el entonces presidente Joaquín Balaguer implementó una política destinada a mejorar las condiciones de vida de los parceleros mediante la construcción de proyectos habitacionales en los entornos de los asentamientos de reforma agraria.
Esta estrategia también buscaba integrar a los beneficiarios en sus comunidades a través de otras iniciativas gubernamentales.
Cuando Balaguer retornó al poder en 1986, extendió esta política hasta la zona fronteriza. Recuerdo que, en una ocasión, asistí como periodista a la inauguración de un proyecto habitacional en la comunidad de Mencía, Pedernales, en la frontera con Haití.
Sin embargo, años más tarde, los beneficiarios de este proyecto empezaron a emigrar hacia otras partes del país, incluyendo la propia ciudad de Pedernales, en busca de mejores oportunidades para ellos y sus familias.
El resultado fue que las casas abandonadas, construidas por el gobierno, fueron ocupadas por inmigrantes haitianos. Treinta años después, esa comunidad se ha transformado en una localidad mayoritariamente haitiana, según los relatos de los habitantes de Pedernales, sin que las autoridades tomen medidas efectivas para frenar esta penetración extranjera en territorio dominicano.
Esto es sólo un ejemplo de una problemática más amplia en nuestras comunidades fronterizas. A lo largo de los años, no ha habido una atención focalizada y efectiva que genere un impacto significativo en esta región en términos de mejora de condiciones de vida para los dominicanos nacidos o establecidos en esa zona.
Pese a la promulgación de una ley de incentivo fronterizo, los beneficios se han concentrado en pocos municipios cabeceras de las provincias y no han alcanzado a las zonas rurales, donde las condiciones de vida siguen siendo deficientes.
Conversaba en estos días con Héctor Rodríguez Pimentel, exsenador por Montecristi y empresario turístico de la zona, y me comentaba, con bastante asombro para mí, cómo localidades rurales de la provincia enclavadas en la frontera han ido convirtiéndose en pueblitos mayoritaria o totalmente haitianos, mencionando a Jaramillo, Juliana, Batey Madre, El Gómez, Cabuya, Sanita y Sequía.
Pero un estudio reciente presentado por el viceministro de Interior y Policía, Jesús Feliz Jiménez, revela que el 85 % de nuestras comunidades fronterizas están dominadas por haitianos.
Este dato alarmante debería haber provocado una reacción inmediata del Gobierno, pero en lugar de ello, el funcionario ha utilizado la información para hacer política, culpando a gobiernos anteriores sin proponer soluciones concretas.
Es innegable que los gobiernos pasados, incluyendo los del propio partido del viceministro Féliz Jiménez, son responsables de esta situación.
Sin embargo, es importante preguntarse qué se ha hecho para abordar este problema. En lugar de buscar culpables, el Gobierno actual, que está a punto de iniciar su segundo mandato, debe anunciar políticas urgentes y concretas para resolver esta crisis, porque esencialmente lo que está planteado es una crisis migratoria sin ningún control.
Esto incluye la expulsión de los inmigrantes ilegales y la implementación de planes inmediatos para incentivar a los dominicanos a permanecer o regresar a sus comunidades, proporcionándoles medios para subsistir en condiciones dignas.
La realidad de la inmigración haitiana no sólo afecta a las zonas fronterizas. En los últimos años, hemos visto un aumento desbordado de comunidades haitianas en las grandes ciudades del país, incluyendo Santo Domingo, Santiago y el polo turístico de Punta Cana.
Debemos dejar de politizar cuestiones que afectan profundamente a nuestra nación. La situación en las fronteras es un tema sensible y de gran impacto negativo para el país.
No es momento de buscar culpables. Necesitamos un enfoque pragmático y proactivo para enfrentar estos retos y asegurar un futuro estable y próspero para toda la República Dominicana.
