Hemos insistido en la necesidad de blindar el Congreso de representantes vinculados a intereses oscuros, especialmente del crimen organizado.
Aplaudimos cuando en el pasado una organización política excluyó de su plantilla de precandidatos a personas sobre las que había sospechas fundadas de su vinculación con el crimen organizado.
Hoy seguimos respaldando los esfuerzos para evitar tener como candidatos a personas provenientes de esferas criminales.
El principal peligro lo representa el narcotráfico, pues sabemos que muchos de los vinculados a ese negocio ilícito suelen intentar la vía electoral para ocultarse o protegerse.
El narcotráfico, como muchas otras actividades del crimen organizado, tiene características transnacionales por lo que es válido que los partidos se auxilien de agencias de otros países para depurar a sus precandidatos.
Pero las formas son importantes.
Nos parece recomendable que los partidos pidan informaciones directamente a agencias de otros país como la DEA o el FBI. Una combate de manera directa al narcotráfico y la otra lucha contra otro tipos de criminales (asesinos, falsificadores, estafadores, traficantes de personas).
La cúpula de nuestros partidos demuestran estar interesadas en cerrarle el paso a delincuentes aunque no pese sobre ellos un proceso judicial abierto, pero hay que saber hacerlo para evitar que se interpongan otros tipos de intereses externos en asuntos de política interna.
