Desde hace muchos años los gobiernos han sido soporte fundamental para el montaje del béisbol profesional, en primera primera instancia, porque existía la creencia de que ese espectáculo era factor clave para que la gente olvidara los problemas fundamentales que existían en la sociedad.

Se podría decir, que una especie de pan y circo, al estilo que imperó por décadas en el imperio Romano.
El gobierno debe meter sus manos, ayudando dentro de las posibilidades, pero hasta hace poco, no se si todavía algunos mantienen esa creencia, algunos dueños de equipos entendían que esos aportes, en especial económicos, eran una obligación.

Por suerte, ya han cambiado esa mentalidad, no solo los propietarios de equipos, si no también de las propias autoridades.

Lo que debe quedar claro es que las ayudas que brinda el gobierno para el montaje de los torneos de béisbol, deben ser bien administradas por los receptores.

Es por ello que se hace necesario que del último aporte de 100 millones que se realizó vía el ministerio de Deportes para reparaciones en el estadio Quisqueya Juan Marichal sea liquidado hasta el último centavo, con el objetivo de que no quede ninguna duda en la opinión pública de que se haya podido producir algún desvío.

Sabemos que los que manejan esos fondos son personas de bien, como es el caso de Miguel Ángel Fernández, presidente del Patronato de Administración y Cuidado del Quisqueya, pero como dice el refrán “mientras más claridad, más amistad”, y así se evitan los temores, y hasta sometimientos a la justicia ,como ocurrió hace poco por parte de la Alianza Dominicana Contra la Corrupción, que entiende que ahí se violó la Ley 340-06. Esperemos…