SANTO DOMINGO.-En lo que va de año el Estado ha contratado RD$158,915 millones, distribuidos en 57,931 contratos adjudicados a 9,893 proveedores.
De ese lote, el 40 % ha sido adquirido mediante las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y un 8.5 % específicamente a mipymes lideradas por mujeres.
En ambos casos, se superan los límites establecidos por la aún vigente Ley 340-06 que habla de un 20 % para las mipymes y al menos un 5 % para mipymes mujer.
En cuanto al registro de proveedores, el sistema computa 129,813, de los cuales cerca de 39 mil participan activamente.
Entre ellos, 13,520 son mipymes y casi seis mil están encabezadas por mujeres.
Total de operaciones
En términos de operaciones, se han transado 50,129 procesos de contratación en lo que va del año, con un nivel de planificación del 64.6 %.
El promedio diario ronda los 266 procesos publicados, y toda esta movilidad es interpretada por la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) como un comprobante de que ha crecido la confianza en el sistema de compras y contrataciones públicas.
El director de la DGCP, Carlos Pimentel, indicó que el país cuenta con 625 unidades de compra distribuidas en 297 entidades, 115 hospitales y 213 gobiernos locales (134 ayuntamientos y 79 juntas distritales). Como es de notar, aún faltan gobiernos locales, quienes, pese a estar obligados por ley, se resisten a integrarse al sistema.
Los inhabilitados
El sistema reporta la inhabilitación o suspensión de 810 proveedores por incumplir la normativa (119 inhabilitados y 691 suspendidos).
Además, la DGCP aplicó monitoreo preventivo en 21,300 procesos, que equivalen al 84.8 % del monto contratado. Gracias a estas acciones se reencauzaron RD$1,951 millones, mientras que se generaron más de 11,000 alertas preventivas y reactivas, con el fin de corregir irregularidades a tiempo.
Al preguntarle a Pimentel la razón de las intervenciones antes de que se convirtieran en delito, como una forma de crear una base sólida a los fines de atrapar corruptos, este respondió que prefería “evitar un caso a tener un caso”. Indicó que la corrupción siempre estará presente en las ejecutorias del Estado y que lo que se debe procurar es evitar que ocurra y que exista un régimen de consecuencias.
Destacó que “el 32 % del presupuesto nacional se ejecuta a través de contrataciones públicas. Para que la nación funcione, debe contratar”. Reconoció igualmente que persisten los retos institucionales que abarcan la capacitación de servidores públicos, la gestión de conflictos entre entidades y proveedores, y la implementación de la nueva Ley de Compras y Contrataciones, aprobada recientemente.
Ley fortalecida
El funcionario, al participar como invitado del Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, elogió la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas considerándola una de las más avanzadas de la región.
La misma cuenta con un período de gracia de 150 días antes de entrar en vigencia y la DGCP elabora el reglamento de aplicación, que será dado a conocer antes de aprobarse definitivamente.
Esta ley deberá combinarse con el nuevo Código Penal y lo que trae consigo, un endurecimiento de las penas por corrupción. Indicó que los agentes que participan en los procesos de compras no desaparecerán como afirman algunos sectores, sino que el sistema seguirá mejorando paulatinamente.
Mayores obstáculos
— Instituciones
Entre las instituciones que más complicaciones con las compras han tenido figuran el Ministerio de Educación, Inabie y la Policía Nacional. La razón es vinculada a los altos volúmenes de compras que manejan estas entidades.
Proveedores con información falsa
Monitoreo. En 2025, más de 50 proveedores fueron detectados usando información falsa o pruebas adulteradas, quienes ahora enfrentan sanciones de inhabilitación permanente. También se han atendido denuncias ciudadanas con méritos, como el caso de los semáforos del Intrant o los pitos valorados en RD$1,900, donde las especificaciones técnicas o los estudios de mercado no se ajustaban a la ley.
Pimentel insistió en que la DGCP tiene capacidad de monitoreo preventivo, pero no aprueba ni autoriza compras.
El director resaltó que más del 70 % de los contratos ya se realizan en línea y que 213 gobiernos locales están habilitados en el sistema electrónico, aunque no todos lo usan con regularidad. La meta ahora es fortalecer la obligatoriedad de esa plataforma.
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