La extensa lista de personas con órdenes de arresto de la que se habla en la Policía es, en realidad, un gran garrote levantado como amenaza contra el orden y la seguridad, lo mismo que sobre el sistema carcelario.
Según datos atribuidos de manera recurrente a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales, la población carcelaria es de unas 25 mil personas, de las cuales menos de la mitad tiene una condena definitiva.
La semana pasada la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la Policía Nacional presentó una base de datos con “53,877 órdenes de arresto pendientes de búsqueda y captura de presuntos delincuentes”.
Esta extensa lista ha sido presentada en momentos en que desde la propia Policía ha sido hecho un llamado a los requeridos por asuntos delictivos a que se entreguen. El Presidente de la República también los ha exhortado a presentarse ante la autoridad policial, o la del Ministerio Público, para los mismos fines.
Si la mitad de los requeridos se presentara esta semana ante las autoridades, o en un lapso tan extendido como de hoy hasta Navidad, desbordarían la capacidad del Ministerio Público, los espacios para prevenciones en los destacamentos policiales y, sin dudas, las cárceles, de las que se da por cierto que están sobrepobladas.
Hasta la capacidad para matar de la Policía sería desbordada si los poco más de 30 mil agentes con los que cuenta salen a las calles, con el apoyo de las tecnologías actuales, a buscar a los requeridos.
Los “intercambios de disparos”, que en muchos casos no son más que una modalidad de estos tiempos de “El Aguacatico de Lilís”, por un aguacatero en el entorno de la Fuerza o Fortaleza Ozama a donde iban a dar los fusilamientos y ahorcamientos durante la tiranía de aquel gobernante decimonónico, sería desbordada.
Todo con cuidado, hasta el llamado a que se entreguen los requeridos por la Policía, para que no sea desbordada la capacidad del estresado sistema carcelario.
leídas