Más que las bombas lacrimógenas frente al Congreso y el atropello a diputados, lo que está en juego es el poder político y con ello las libertades públicas. Es una cuestión de fondo que debemos verlo en función de los hechos llevados a cabo por funcionarios del gobierno y los legisladores del danilismo.

Es una lucha de intereses donde la radicalización por el manejo del poder empieza aflorar y la gobernabilidad de los poderes del Estado queda sin un árbitro. Es deplorable que los presidentes de ambas cámaras legislativas, Reinaldo Pared Pérez y Radhamés Camacho justifiquen esta acción, que es una franca intervención del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo.

La tensión es tal, que la dinámica diaria del país queda relegada al propósito de un solo partido, perjudicando la institucionalidad y el desarrollo de éstas, el Estado que es la sociedad políticamente organizada. Da una mala señal donde no hay una diferencia entre partido y Estado y todo repercute sociológicamente hablando.

La crisis de un solo partido no puede perjudicar todo el resto de la sociedad, naturalmente debiera ser así, pero en una democracia  tan débil como la nuestra se impone una agenda que relega absolutamente todo cuanto sucede de manera colectiva e individual.

El manejo del Estado y  el presupuesto nacional ha conllevado a la debilidad  democrática; además el clientelismo en las instituciones públicas forma parte de todos estos mecanismos de corrupción en el poder.

Urge pensar en el país más allá de la lucha de  dos facciones de un mismo partido que perjudican el ambiente político, económico y social del pueblo dominicano. Es vital la gobernanza en beneficio de todos y el respeto de la constitución, pero el principio de legitimidad se pierde al querer imponer una reelección que no cuenta con los votos suficientes para su imposición.