Claudio Caamaño Vélez
El Párrafo I del artículo 1 de la Ley No. 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, establece que el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), tendrá a su cargo a todos los empleados públicos.
Sin embargo, los planes de salud del nivel alto y medio de la mayoría de las instituciones públicas están en manos de aseguradoras privadas, que cobran más caro y ofrecen menos cobertura.
¿Por qué darle beneficios (y muchos) a empresas privadas cuando el Estado tiene su propia aseguradora, y las ganancias serían para el mismo Estado?… Hay “miles de millones” de razones.
Esas empresas, sanguijuelas del sistema de salud, ya perdieron una vez ante el Tribunal Constitucional (Sentencia TC-0573-18), y volvieron a someterle el tema, el cual tiene años con el expediente sin pronunciarse al respecto, a pesar de que su Ley Orgánica, 137-11, le da menos de seis meses para decidir. Mientras tanto las ARS´s se niegan a cumplir la ley, y siguen chupando.
Alegan que la ley vulnera la libertad de elección a los funcionarios públicos. Una mentira, pues aunque la condición de funcionario público obliga a tener SeNaSa, a nadie se le obliga a ser funcionario público. Tampoco afecta la libre competencia, pues la Constitución permite los monopolios en beneficio del Estado.
Esperamos que los jueces que componen el pleno del TC asuman con valentía y compromiso este tema, y no sigan actuando con pasividad cómplice. Que el poder y las influencias del dinero no sigan afectando el sistema de salud y el Estado de Derecho, pues las leyes son para cumplirlas.
