Fue una gran ola. Desde Armenia a El Salvador, desde Kosovo a México, desde Kasajstán a República Dominicana… Más de treinta países, uno a uno, fueron realizando cambios profundos a sus sistemas de pensiones, sustituyendo el esquema de reparto (entre todos los cotizantes nos ayudamos) por la “capitalización individual” (sálvese quien pueda y como pueda), y desplazando su rectoría desde las instituciones públicas a las empresas bancarias-financieras. Aunque en las leyes siguieron siendo un derecho, las pensiones se transformaron en una mercancía, por cierto, muy difícil de adquirir.

Estas reformas se hicieron siguiendo el ejemplo inicial de Chile, en 1981, donde se instauró bajo la sangrienta tiranía cívico-militar de Augusto Pinochet y con la dirección de uno de sus “hombres fuertes”, el señor José Piñera (hermano del expresidente).

Durante mucho tiempo, se ha mantenido en uso lo que un investigador chileno llama “la fábula de Chile”.

Como toda fábula, el “modelo de éxito chileno” servía para dar lecciones morales a los demás: entregar todas las áreas de la sociedad al gran capital y convertirlas en mercancía, garantizaba “éxito económico”, “paz social”, “crecimiento de las inversiones” y “gobernabilidad democrática”. Solo bastaría con “regular bien”. Lo demás “sale solo”.

En República Dominicana se siguió obedientemente la receta chilena, esta vez implantada no con una dictadura, pero sí en salones y reuniones cerradas. Así, con el auspicio de organismos como el BID, en 2001 se creó el nuevo Sistema Dominicano de Seguridad Social, que entregó la mayor parte del bizcocho al mercado de los bancos y empresas aseguradoras privadas, cediendo las pensiones, el seguro de salud y el seguro de riesgos laborales bajo las etiquetas AFP, ARS y ARL. Las promesas fueron que el nuevo sistema sería más eficiente, cada uno sería dueño de sus propios ahorros y alcanzaría para todos.

Hoy la fábula de Chile, con la que se vendió en el mundo la promesa de un sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) altamente rentable y bueno para las personas, se resquebraja en un rotundo fracaso, que saca miles y miles de ciudadanos a las calles para protestar y exigir su reemplazo.

Todo esto porque demostrado está que fabrica enormes ganancias para los bancos y sus accionistas, mientras los pensionados reciben, en promedio, no más de 300 dólares mensuales, esto es unos 13 mil pesos dominicanos. Entiéndase bien, los chilenos (con un mercado laboral mejor pagado y con más formalidad) están recibiendo pensiones prácticamente iguales al salario mínimo dominicano (11.900 pesos mensuales) e iguales al costo de la canasta básica familiar del 20% más pobre de nuestro país (alrededor de 13 mil pesos mensuales).

De hecho, se proyecta que hacia 2035, el 90% de las pensiones de los chilenos estarán por debajo del salario mínimo, y el 60% de ellas estarán por debajo de la línea de pobreza. Mientras eso ocurre, las AFP en Chile han manejado, tan solo en el año 2014, más de 10 mil millones de dólares que alimentan a los grupos financieros y sus socios en cuyas manos se administran los fondos de pensiones.
Si esto es así en Chile ¿cuál es el panorama de las AFP en República Dominicana?

Primero hay que señalar que los bancos y las empresas socias de los mismos, que manejan las principales 5 AFP (incluyendo la Reservas), administran ya más de 400 mil millones de pesos. Las comisiones establecidas en la ley han permitido a estas empresas obtener ganancias entre 2004 y 2015 que ya superan los 519 millones de dólares. Los dineros se invierten, casi en un 70%, en deuda del gobierno y en certificados del Banco Central, por lo cual además de ser una inversión escasamente productiva, las ganancias son, llanamente, parasitarias, pues los grupos económicos que controlan a las AFP obtienen esos beneficios no por mérito propio sino por el esfuerzo de toda la sociedad, a través de los impuestos. Y aquellos 519 millones de dólares que se ganan limpios “sin dar un golpe” y que podrían ser invertidos en desarrollo económico y social, se desvanecen en los bolsillos de unos pocos que, por su poder económico, ya lo tienen todo y más. No necesitan que derechos sociales sean manejados como negocio.

En ese sentido, la promesa de la eficiencia aparece derrumbada y desmentida por los hechos. Tampoco se ha cumplido la promesa de que el dinero sea en realidad de los cotizantes. Eso es sencillamente el menudo del sistema.

Por otro lado, la promesa de que va a alcanzar para todos y que las pensiones serán buenas, también se desmorona. Los trabajadores y la inmensa mayoría de los empleadores (que son empresarios pequeños o medianos, y aportan el 70% de cada cuenta) en realidad se “fajan” y sudan para que otros engorden. Se supone que hacen un esfuerzo para asegurar el derecho constitucional a la seguridad social, pero en la realidad las proyecciones indican que la pensión promedio de los dominicanos, bajo el sistema de AFP, apenas llegará a un 22.8% del salario promedio de nuestros trabajadores… Léase bien: seremos el país con peor tasa de reemplazo de América Latina, al que más mal le va a ir.

Es decir: el sistema de AFP es una máquina de fabricar ganancias y, paradojalmente, de producir pobres y restarle riquezas a la sociedad. Tampoco ha resuelto el problema de la falta de cobertura: entre los dominicanos que están afiliados pero no logran cotizar y los que trabajan en la informalidad, se encuentra casi el 70% de la fuerza de trabajo. Millones de compatriotas nunca van a poder aspirar a una pensión.

Para remediar este dantesco escenario y los pronósticos aún peores ¿se puede hacer algo? ¿Es sólo una cuestión de mejorar algunos detalles o se necesita ir más allá?

En la próxima columna abordaremos esta pregunta y ofreceremos algunas ideas para responderla, siempre con ánimo crítico, constructivo y propositivo.