SANTO DOMINGO.-Como si se tratase de una “carrera de obstáculos por vencer”, los peatones de la capital tienen que enfrentar cada día todo tipo de dificultades, ante las recurrentes expropiaciones de partículares para su beneficio, y de las mismas autoridades.

Las ocupaciones ilegales, que algunos ven con normalidad, van desde los negocios improvisados de comida, portatanques para basura, elevadas rampas de edificios para facilitar las entradas de vehículos, talleres de mecánicas y ebanisteria y rejas para botellones de agua.

Otros estorbos son las plantas eléctricas que suplen la falta de energía, jardineras que impiden a los caminantes desplazarse con facilidad, máximamente si alguien acarrera un coche con bebé.

Peligro al acecho

Ante esa limitación del espacio público destinado a los transeúntes, estos tienen que arriesgarse, tirándose a la calzada y exponerse a ser vícimas de alguna fractura en caso de resbalarse al tropezarse con basura resbaladiza, cables eléctricos y otras “zancadillas” encontradas en el trayecto.

Ejemplo de esa situación, la vivió Ayalis Ramírez, quien se fracturó la cadera al caer en una alcantarilla , que la hizo permanecer por cuatro meses en cama.

“La situación de los espacios públicos es crítica porque las instituciones no están para hacer su trabajo, sino para aprovecharse de las funciones que deben realizar. Otra cosa es que sí la persona que obstruye es adinerada tiene luz verde para violar el espacio”, reacionó Marina Valera, catedrática de educación ambiental de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) .

Se quejó de que solo señalan a los haitianos como infractores, pero a los ricos no.
“Entiendo que es un riesgo para los peatones que pueden ser atropellados por los motores y carros al tirarse al pavimimento”, externó la joven Nelly, en La Feria.

Otros entrevistados dijeron sentir indignación e impotencia, especialmente por aquellos que tienen dificultades motoras o no videntes.

Reglamentos

Cristóbal Valdez, exdirector de Planeamiento Urbano del ADN, y gestor del Plan Director del Polígono Central, hizo una radiografía de la situación y atribuye a los ayuntamientos la responsabilidad de que persista esa situación.

Afirma que en 1944 se promulgó la Ley 6-75 sobre Ornato Público y Construcciones, que estableció un mínimo de dos metros de acera, que solo se cumplió en la Era de Trujillo.

“En 1998 se aprobó otra resolución para el Polígono Central que estableció tres metros, dependiendo de la construcción hasta seis y diez metros, pero en las décadas siguientes se ha ido irrespetando”, comentó el experto, que también citó el caso de Santiago donde Abel Martínez ha encarado esa situación.

Significó que de un tiempo acá los ayuntamientos se han hecho de la “vista gorda” con la aplicación de las reglamentaciones y han sido brutales las violaciones que se han cometido, incluso en contubernio con los desarrolladores de proyectos, que no dejan ni los metros necesarios para los peatones.

“Ese es un problema del ayuntamiento, de supervisión de llevar a cabo el cumplimiento de la ley”, insitió Valdez, tras insistir en que si se deja a los constructores, en busca de sacar más provecho a sus espacios hacen lo que les convenga a ellos.

Igual, el arquitecto y urbanista citó el caso de la publicidad , y las ocupaciones de los denominados padres de familias. Afirma que en el Polígono Central no se pueden caminar ni dos cuadras con tranquilidad.