La presidenta resistía en el cargo pese a la polémica acción de las fuerzas de seguridad en las protestas que siguieron a la caída del expresidente Pedro Castillo que dejaron decenas de muertos, la sucesión de escándalos de corrupción que la salpicaban y la percepción entre gran parte del electorado de una falta de liderazgo en el gobierno.
Pero cuando unos desconocidos dispararon contra la banda de cumbia Agua Marina durante una actuación en Lima en la noche del miércoles, los acontecimientos se precipitaron. Pocas horas después, Boluarte salía de la presidencia destituida por el Congreso en el desenlace de una crisis política fulgurante.
Y es que el azote de una criminalidad cada vez más violenta se ha convertido en una de las principales preocupaciones en Perú, con gran parte de la población y de los analistas culpando a los dirigentes políticos de inacción, cuando no complicidad, ante las bandas criminales.
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El nuevo presidente, José Jerí, prometió nada más jurar el cargo "una guerra contra el crimen".
"El mal que nos aqueja en este momento es la delincuencia. El enemigo está en las calles", dijo Jerí en sus primeras palabras como presidente ante el Congreso de la República.
Los datos dan cuenta del auge de la delincuencia.
En el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios. Y Human Rights Watch ha alertado de que Perú es uno de los países de la región en los que más aumentan las muertes violentas.
Pero el delito cuyo incremento más ha alarmado durante la presidencia de Boluarte ha sido el de las extorsiones, que parecen haberse disparado. Según un informe del Observatorio del Crimen Organizado y la Violencia, un organismo de análisis de la delincuencia, en 2024 las denuncias fueron más del doble que las registradas en 2018.
Según los datos policiales, cada día se presentan 75 denuncias por extorsión en Perú y los expertos señalan que el problema es probablemente mayor, ya que las víctimas evitan en muchos casos denunciar por temor a represalias de quienes los extorsionan.
Pequeños negocios y transportistas son los más golpeados. El Observatorio del Crimen y la Violencia estima en unos 180 los conductores de transporte urbano asesinados este año por negarse a pagar cupos, una cifra que ha llevado al sector a organizar sucesivos paros y protestas para exigir respuestas al gobierno.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí?
1. Auge de la minería ilegal
Los expertos señalan que el auge de la criminalidad va de la mano del de la minería ilegal, que en los últimos años parece fuera de control en Perú.
"Las economía ilícitas han florecido con la minería ilegal en el centro", le dice a BBC Mundo, Ricardo Valdés, exviceministro de Interior de Perú y experto en el estudio de la delincuencia.
"La demanda de oro se disparó por el incremento del precio del oro en los mercados internacionales", indica Valdés, que señala que distintos grupos criminales fueron concentrándose en la minería ilegal ante la falta de respuesta de las autoridades.
La suya no es la única voz que señala a una aquiescencia de los congresistas y los sucesivos gobiernos con los grupos delictivos dedicados a la minería ilegal.
El gobierno ha venido renovando año a año el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), un polémico mecanismo que nació con el objetivo declarado de la formalización de los mineros artesanales.
Concebido inicialmente como temporal, el Reinfo se ha venido prorrogando desde hace años hasta convertirse según críticos como César Bazán, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en una especie de "patente de corso" para la minería ilegal.
Pese a las protestas que en las calles exigieron su supresión y las advertencias de organizaciones no gubernamentales sobre su impacto negativo en el medio ambiente, la seguridad ciudadana y los pueblos indígenas que habitan muchas de las zonas mineras, el gobierno de Boluarte aprobó en junio una nueva extensión del Reinfo.
Valdés le dijo a BBC Mundo que ni el gobierno ni los congresistas "quisieron enfrentarse con el medio millón de votantes que viven de la minería ilegal y en torno a ella se han desarrollado muchas otras oportunidades para la criminalidad, porque para financiarla muchos han recurrido la extorsión y la explotación sexual".
Así, organizaciones criminales transnacionales como la venezolana Tren de Aragua, la brasileña Comando Vermelho o la ecuatoriana de Los Choneros se abrieron paso en Perú y empezaron a interactuar con las locales, engordando un monstruo que ha desbordado a sus autoridades y castigado a su población.
2. Facilidades a la delincuencia desde el poder
Muchos en Perú culpan a los políticos en el Congreso de haber favorecido con sus decisiones el auge del crimen organizado. Corrupción y delincuencia son las dos principales preocupaciones ciudadanas, según las encuestas, y en ocasiones parecen ir de la mano.
César Bazán le dice a BBC Mundo que "para protegerse a sí mismos en las investigaciones en las que muchos estaban envueltos, los congresistas aprobaron leyes que debilitaron la lucha contra el crimen organizado y la capacidad de la Policía y la Fiscalía para hacerle frente".
Entre ellas, destaca la que limita el tiempo disponible para corroborar las informaciones facilitadas por los testigos que la ley peruana califica como colaboradores eficaces, la que exige la presencia de abogados en los allanamientos y registros llevados a cabo por los agentes, o la que redujo los plazos de prescripción para ciertos delitos graves.
Ricardo Valdés señala que hay indicios suficientes para pensar que "el gran articulador criminal de la minería ilegal tiene representantes en el Congreso y en muchos partidos políticos".
Y no es el único. El colectivo conocido como Generación Z anunció que se sumará al paro nacional convocado por distintas organizaciones el próximo 15 de octubre contra lo que califica de "pacto corrupto" en el Congreso para hacer presidente a José Jerí.
3. Una respuesta "populista"
El aumento de la delincuencia impactó especialmente a la población a partir del momento en que las bandas de extorsionadores empezaron a mostrarse más violentas.
Bazán indica que "el problema de la extorsión siempre existió, lo que pasa es que ahora ha aumentado y, sobre todo, ha aumentado también la violencia de los grupos de extorsionadores".
Los homicidios de quienes se niegan a pagar e incluso los ataques con explosivos contra los negocios cuyos propietarios se resisten al chantaje se han repetido en los últimos años.
Algunos casos conmocionaron a la opinión pública, como el ataque con una granada que dejó 15 heridos en una discoteca del populoso distrito limeño de San Juan de Lurigancho, y empujaron a Boluarte a decretar el estado de emergencia y ordenar el despliegue del Ejército en tareas de seguridad ciudadana en las zonas afectadas.
Boluarte trataba de mostrar firmeza frente a la delincuencia pero su abrupta salida del poder revela que su estrategia no funcionó.
Bazán cree que "el gobierno trató de responder con medidas populistas como la declaración del estado de emergencia, que no obtienen resultados en la lucha contra el crimen ni atacan la raíz del problema".
En la misma línea, Valdés asegura que "la experiencia demuestra que los estados de emergencia no sirven absolutamente para nada en la lucha por acabar con el crimen organizado".
4. Una policía mermada y bajo sospecha
La crisis de inseguridad no solo le ha acabado costando la presidencia a Boluarte, sino que ha también ha colocado bajo el foco a la Policía Nacional del Perú (PNP).
En medio de constantes cambios en el Ministerio del Interior, que ha tenido hasta 13 ministros en los últimos cuatro años, el cuerpo se ha visto incapaz de contener el aumento de la delincuencia.
Según dice Bazán, "la policía no tiene suficiente financiación, ni efectivos, ni entrenamiento. Pero además hay un problema claro de complicidad de la policía y es evidente que hay algunos mandos que están implicados en el crimen organizado".
Según informaciones periodísticas, el presunto cabecilla criminal Erick Moreno, alias El Monstruo, declaró tras ser detenido por la policía de Paraguay que elementos de la PNP le informaban desde Perú de cómo los agentes paraguayos le seguían los pasos.
Y un antiguo alto mando policial peruano declaró que sus superiores lo apartaron cuando estaba a punto de detenerlo tras una larga investigación de sus actividades.
Según Ricardo Valdés, "la corrupción policial se ha extendido y normalizado".
La capacidad de la policía como fuerza de lucha contra le delincuencia se ha visto afectada también por las rivalidades políticas.
Valdés afirma que "desde la época del expresidente Pedro Castillo, la policía empieza a ser instrumentalizada por las altas autoridades del país y se inicia una pugna interna entre el sector que intenta investigar la corrupción y los policías que había colocado Castillo, que intenta impedirlo".
Ya en la época de Boluarte, al coronel Harvey Colchado, uno de los más reputados policías del país, lo pasaron a retiro después de registrar el domicilio de la presidenta y liderar las investigaciones de los casos en los que ella y su hermano estaban implicados.
Todos estos factores, cree el experto, llevaron a que cuando las bandas criminales se hacían más fuertes "se encontraron enfrente a una policía atontada y desnortada".
Fuente: BBC Mundo
