Santo Domingo.- Lajún Corporation consideró que las amenazas en su contra difundidas por el Ministerio de Medio Ambiente relativas al supuesto incumplimiento de los artículos 174, 175, 176 de la Ley 64-00 son totalmente selectivas, desproporcionadas y subjetivas.
Argumentó que existen otros vertederos en el país que padecen los mismos problemas de incendio, algo bastante común en el sector de los vertederos y que nunca han escuchado ningún tipo de multa al respecto, como por ejemplo, el vertedero de Rafey.
Aclaró que la compañía no está violando ningún contrato, y que simplemente tiene ante sí que afrontar un cúmulo de contratos ya expirados.
«Y los pagos, la verdadera cuestión litigante con la administración pública. Hacen saber a la opinión pública, como -insisten- han reiterado siempre, que unos municipios están pagando (muy poco, no llega a USD$2 por tonelada, provocando una insostenibilidad real de la operación) y otros, directamente, ni siquiera pagan. Con respecto a esa insostenibilidad, es totalmente respaldada por la JICA (Agencia de Cooperación Internacional del Japón) que recomienda que Lajún debe recibir al menos USD$9 por tonelada de basura, y por la Fundación Economía y Desarrollo, que incluso aumenta esa cantidad a USD$11 necesarios para una adecuada operatividad en Lajún», sostuvo.
“Es simple, -apuntan- como toda operación privada, no podemos gastar más dinero del que ingresamos. Cualquiera puede entenderlo”.
Indicó que por todos estos argumentos y, especialmente por las acusaciones injustificadas, desproporcionadas y selectivas, «perciben, como cualquier inversión extranjera percibiría en las mismas circunstancias, un claro abuso de poder del Ministerio de Medio Ambiente».
Entiende que cualquier acción jurídica contra Lajún sería injusta porque su comportamiento no es diferente al de otros vertederos del país.
Enfatizó que en definitiva se trata de un problema económico que los municipios parece que no tengan la intención de pagar un precio justo para operar.
Agregaron que continúan estrechando la mano al Gobierno para buscar una solución efectiva, real y técnica, fundamentada en la obtención de un precio justo por tonelada para operar que resolvería directamente la crisis actual y beneficiaría a todos los ciudadanos.
