Mucha gente, incluido este escribidor, tenía seria preocupación por el silencio que mantenía la Iglesia católica sobre muchos de los problemas del país.
Como ciudadano y como periodista tuve -en primera persona- el anhelo de escuchar los firmes pronunciamientos de monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez sobre la migración ilegal por la frontera, por la corrupción y por los desafueros de muchos de nuestros políticos enaltecidos por la miel del poder.
Esa pasividad también del arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozoria, generaba cierta indiferencia en la población.
La Semana Santa fue el punto de explosión para los obispos. Ozoria fue el motor para el debate sobre temas cardinales que atañen a la población.
La corrupción, la delincuencia, la reelección y el debilitamiento de la democracia, con la advertencia de que el país podría caer en una dictadura, son parte de los temas que han acelerado el debate de cara a los comicios de 2020.
Creo, como una gran parte de la ciudadanía, que el clamor de la Iglesia es vital ante el descontrol que hay en diferentes esferas políticas y en estamentos sociales y económicos, con la alerta del incremento de un descontento generalizado que apunta al descalabro institucional.
El hecho de que monseñor Ozoria advierta sobre que “no están conduciendo a una dictadura”, hay que interpretarse como una voz que quiere despertar la conciencia de la clase política y de la sociedad sobre la necesidad de fortalecer las instituciones que con sus debilidades van camino a deteriorarse por el afán desmedido de algunas figuras que apuestan a la centralización de las diferentes instancias.
Cuando la Iglesia critica a los corruptos lo hace con la idea de que la población asimile que este problema sigue enraizado en la mentalidad de políticos y adeptos, lo que contribuye a cercenar la confianza y la credibilidad en estructuras que, como el Congreso, el Poder Ejecutivo y la Justicia están comprometidos con la institucionalidad, pero con un ataque feroz a la impunidad y al proteccionismo que prevalece en la partidocracia.
Consolidar la Justicia es vital, y así lo entienden los obispos y organismos claves de la sociedad civil, para que el país pueda enrumbarse por una senda que fortalezca el clima de inversión y que haya un ente persecutor para cualquier violador de las leyes y de la convivencia pacífica, no así para un grupo exclusivo del que se abusa con penas a veces injustificadas.
La voz de la Iglesia hay que analizarla desprovistos de apasionamiento y de lentes partidistas. Las autoridades tienen material suficiente para interpretar la actual coyuntura y enderezar cualquier entuerto que lesione la integridad de nuestra sociedad y que ponga en peligro la democracia.
