Cuando se habla de la Central Termoeléctrica Punta Catalina (CEPC) se toca una de las fibras sintomáticas de la aversión o rechazo al estilo de gobernanza actual de parte quienes no están conformes o no comulgan con el mismo.
Por ello lo primero que estableceré es mi criterio de que en la medida en que el Estado, representado por el actual gobierno, se despoje del mismo, parcial o totalmente, mejor.
No tan solo será mejor porque el Estado recuperaría una parte importante de lo que muchos expertos consideran han sido unos sobrecostos exagerados, ni porque con dicha venta se iría cerrando el telón a la cuestionada relación con el responsable principal de su construcción, sino que con ello se aseguraría la facilitación de un operador que podría operar con una eficiencia superior a la que ha demostrado la historia del operador público.
A pesar de que la firma contratada por el Gobierno para asesorar el proceso de búsqueda de inversionista(s) y licitación, Guggenheim Securities, subsidiaria de Gugenheim Partners, LLC, es una empresa privada y por consiguiente no comprometida con la trasparencia que obligaría si fuese un empresa pública, debe reconocerse que reúne las credenciales necesarias para cumplir cabalmente las funciones para lo cual ha sido contratada.
Aunque cuando no se sabe si el proceso a seguir será el establecido en el proyecto de ley de Asociación Publico Privado (APP) que cursa actualmente en el Congreso, se espera que el mismo al menos se conduzca conforme las mejores prácticas seguidas por los países miembros de la Organización Económica para la Cooperación y Desarrollo (OECD).
Por igual, no se sabe si para el proceso de venta de las acciones de la CEPC se podrá seguir un modelo similar al ejecutado por Colombia en la privatización de Ecopetrol, donde la oferta se hizo pública primero en el mercado interno de dicho país.
Sin embargo, al final del día, la antes mencionada venta constituye un buen augurio para las finanzas públicas al iniciarse un nuevo año.
