La titular de la Pepca no descarta acuerdos con imputados del caso Cobra por presunto desfalco de más de RD$15 mil millones al SeNaSa

  • Los abogados de los imputados, Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; y de Ramón Alan Speakler Mateo, pidieron el aplazamiento para preparar sus presupuestos.

Implicados caso Cobra.
Implicados caso Cobra. Archivo.

Santo Domingo.- La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, no descartó la posibilidad de que, en el futuro, se alcance un acuerdo con algunos de los implicados en la presunta red de corrupción que habría operado en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), imputados de sustraer más de RD$15 mil millones en el denominado caso Cobra.

"Nosotros somos proacuerdos y no negamos la posibilidad de que en un futuro, si se dieran las condiciones, pudieran existir esos acuerdos. En este momento no existen", manifestó la procuradora de corte, Mirna Ortiz, al salir de la sala de audiencias.

Las declaraciones fueron ofrecidas luego de que el juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, aplazara para el próximo 5 de agosto la revisión obligatoria de la medida de coerción impuesta a los imputados.

Los abogados de los imputados, Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; y de Ramón Alan Speakler Mateo, pidieron el aplazamiento para preparar sus presupuestos.

Aplazan revisión de la medida de coerción

Con relación a la audiencia, Ortiz explicó que algunos de los imputados solicitaron la suspensión y el aplazamiento de la vista con el propósito de contar con el tiempo necesario para preparar y presentar los presupuestos que sustenten sus planteamientos, situación que el tribunal consideró una cuestión de derecho.

En ese sentido, el juez decidió aplazar la audiencia para que los abogados de los imputados puedan presentar dichos presupuestos durante la revisión obligatoria de la medida de coerción, procedimiento destinado a determinar si han variado o no las circunstancias que motivaron la imposición de las medidas cautelares.

Imputados en el caso Cobra

Entre los imputados figuran Santiago Marcelo Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa; Gustavo Enrique Messina Cruz; Germán Rafael Robles Quiñones; Francisco Iván Minaya Pérez; Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo, quienes se encuentran prisión preventiva y espera de que sea sustituida por otra menos gravosa.

Los imputados fueron trasladados desde el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, donde guarda prisión hasta la sala de audiencias del tribunal.

Delitos atribuidos por el Ministerio Público

El Ministerio Público les atribuye los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación y uso de documentos falsos, así como lavado de activos, en el marco de la investigación por el presunto desfalco millonario en perjuicio del SeNaSa.

Entre los demás implicados figura Ada Ledesma Ubiera, a quien semanas atrás le fue variada la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario.

Asimismo, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes durante el conocimiento de la medida de coerción admitieron ante el tribunal haber pagado sobornos a Hazim y a otros funcionarios del SeNaSa, permanecen bajo arresto domiciliario.

A los imputados del caso Cobra les fueron impuestas medidas de coerción el 15 de diciembre de 2025.

Debate sobre el plazo para presentar la acusación

La titular del Pepca, Mirna Ortiz, informó además que aún no ha vencido el plazo de ocho meses establecido para depositar la acusación formal.

No obstante, el jurista y presidente de la Fundación Primero Justicia y Convergencia Nacional Contra el Robo de la Seguridad Social, Miguel Surun Hernández, querellante en el proceso, sostuvo que dicho plazo venció el pasado 11 de julio.

¿Qué establece la ley?

De acuerdo con el Código Procesal Penal, cuando un proceso ha sido declarado complejo y se ha impuesto prisión preventiva, el Ministerio Público dispone de ocho meses para preparar y depositar la acusación formal.

Si ese plazo resulta insuficiente, puede solicitar una prórroga de cuatro meses. En caso de no hacerlo, el tribunal podrá intimarlo para que deposite la acusación en un plazo adicional de 15 días.

Sobre el autor

Teresa Casado

Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.