Daris Javier Cuevas.
A Horacio Vázquez fue el presidente constitucional de la República dominicana durante el periodo 1924-1930 (hasta febrero), es decir cinco años y seis meses, aunque durante un corto periodo ocupó ese cargo durante 1902-1903.
Se le reconoce el haber establecido la línea divisoria de la frontera con Haití sustentado en un tratado firmado entre ambas naciones.
El gobierno de Horacio Vásquez se enfocaba en que la única vía de desarrollar la economía era a través del fomento y desarrollo del sector agrícola, así como a la industria doméstica. Tales criterios sobre la economía se explican porque para la época la sociedad dominicana era rural en un 88% y la tasa de analfabetismo de alrededor de un 90%.
A pesar de que Horacio Vásquez fue un militar y político al servicio del gobierno de Ulises Heureaux, Lilís, que luego formó parte de quienes conspiraron contra el derrocamiento de esa dictadura, en el ejercicio del poder fue el primer gobernante dominicano en ser respetuoso con las libertades públicas.
Sin embargo, su mandato constitucional,1924-1928, fue extendido sobre la base de la quiebra constitucional mediante una dudosa modificación de la carta magna.
El malestar creado por tal acción, sumado a los efectos económicos de la gran depresión de 1929 y la corrupción insoportable de los funcionarios incrementó las adversidades frente al gobierno que degeneró en un desgaste acelerado a tal nivel que se produjeron fricciones entre los funcionarios y a lo interno de su partido.
Estos disgustos fueron capitalizados por sus opositores para provocar una salida forzosa de la presidencia de la República, encabezada por el jefe del ejército de su gobierno, Rafael Leónidas Trujillo Molina, convirtiéndose posteriormente en un engendro dictatorial.
A partir de 1930, en la República dominicana se instauró una de las dictaduras político militar más cruel, triste y extensa registrada en el siglo XX, apoyado por la oligarquía local con un proceso electoral considerada con una farsa, pero legitimadas por los poderes facticos interno y externo.
El esquema trujillista comenzó sus atrocidades utilizando al ejército nacional e imponiendo su dominio sobre una población carente de armas, a los que trataba con violencia, el pánico, la tortura y el crimen.
Con las fuerzas armadas bajo su control absoluto, el General Trujillo impulsó múltiples actividades económicas de orientación capitalista que le favorecieron en su objetivo de acumular grandes fortunas y convertirse en el hombre más rico y el mayor latifundista del país.
Ese control del aparato del Estado le permitió poner en marcha todas sus ambiciones políticas y financieras, lo que le favoreció para impulsar las bases para implementar el modelo de desarrollo hacia adentro, concentrado en un capitalismo agrario y la industrialización por sustitución de importaciones.
En adición, la reforma del sistema monetario internacional, auspiciado por el FMI, favorecieron la creación del Banco Central y la moneda dominicana en 1947, implicando esto el manejo de la deuda externa por el orden de US$9,271,855.55.
Pero resulta que en la práctica lo que hubo fue un cambio de perfil de la deuda ya que esta fue asumida mediante préstamo al incipiente banco de Reservas, es decir, no hubo ningún pago de deuda sino un traspaso que implicó un incremento de la deuda pública.
Han transcurrido 60 años del ajusticiamiento del dictador más sangriento del país y aun el neotrujillismo sigue promoviendo tal acontecimiento como una bandera de honor del régimen.
No obstante, el fortalecimiento institucional de la democracia dominicana arrastra grandes debilidades post dictadura fruto que en múltiples etapas algunos gobernantes han intentado retroceder al modelo trujillista.
Para que se entienda mejor lo afirmado, durante el periodo 1963-2015 se produjeron seis reformas a la constitución de la República y en la que solo en 1963 y 2010 se han producido modificaciones orientadas a fortalecer la institucionalidad y promover transformaciones sociales, políticas y económicas.
Para 1994 la reforma constitucional fue fruto de una crisis política, pero en el 2002 y 2015 para extender el periodo gubernamental quebrando la institucionalidad y en el 2019 se intentó una nueva reforma a la carta magna militarizando el congreso nacional, que tuvo al borde de engendrar el Trujillo del siglo XXI.
