La persecución del delito no es sólo responsabilidad de los agentes de policía y del Ministerio Público. También lo es de la población en sentido general y, en los casos en que lo dispone la ley, es un proceder obligatorio.
Pero a muy pocos les agrada involucrarse.
En ocasiones esa renuencia alcanza a quienes han sido afectados en su persona por la acción de otro.
Deberían de saber quienes prefieren evitarse las contrariedades comunes a los procesos judiciales, que cuando a los hechos anómalos se les deja proliferar, terminan provocando la enfermedad de la sociedad en la que vivimos.
Y ocurre que al evitar los contratiempos de un proceso, como parece que prefieren los afectados por un fraude de 20 millones de pesos detectado en Santiago, en perjuicio de los beneficiarios de los programas sociales del Gobierno, se les dice a quienes han escogido vivir según sus propias reglas, que la mayoría de la gente prefiere “dejar eso así”, especialmente cuando se trata de los bienes y recursos públicos.
Lo antedicho viene a la historia porque la Administradora de Subsidios Sociales ha tenido que alertar del riesgo que corre el caso con un hombre acusado de estafar a beneficiarios de los programas sociales que gestiona el Gobierno en Santiago, el cual fue apresado la semana pasada, pero no se le ha podido conocer la coerción que solicita el Ministerio Público porque los perjudicados, suscritos al programa temporal Quédate en Casa y al antiguo Progresando con Solidaridad, no han ido al tribunal a servir de testigos.
La buena salud de la sociedad requiere el compromiso de todos. Y son tantas las caras del delito, que cuando una siquiera ha podido ser identificada, nadie debería perderse la oportunidad de aportar para la corrección.
