El mes pasado, Chris Huhne, quien ocupaba el Ministerio de Energía de Inglaterra, presentó renuncia al comprobarse que intentaba influir indebidamente para que se le eliminara una multa de tráfico del año 2003.
Algo similar sucedió el año pasado con quien era el Ministro de Defensa inglés, cuando se reveló un conflicto de intereses entre sus gastos personales y los propios del Ministerio que encabezaba.
Mario Negromonte, hasta hace poco Ministro de Ciudades del Brasil, se convirtió en el séptimo miembro del gabinete de Dilma Rousseff en renunciar, motivado por presuntas irregularidades imputadas en el cumplimiento de sus responsabilidades.
La práctica de la renuncia de un Ministro de Gobierno es una actitud habitual en países donde la vergüenza es la norma. En la mayoría de los casos el funcionario prefiere renunciar y asumir la defensa de su causa antes de arrastrar a todo un gobierno al redil del escándalo y el cuestionamiento.
En el caso particular del Brasil, tales renuncias, estimuladas y motivadas por la retirada de la confianza de parte de la Presidente, constituyen una novedad sin precedentes en nuestra América Latina. La renuncia se convierte en la única alternativa frente a la pérdida de confianza.
Una política de cero tolerancias con funcionarios, públicos o privados, a quienes se les revelen evidencias fehacientes e irrefutables de actos y hábitos reñidos con la ley y las buenas costumbres, se impone como paso previo en la restauración de la moral y la reafirmación de la autoridad presidencial.
La renuncia del ministro o del funcionario puesto bajo la lupa por hechos veraces, reñidos con la ley, sería una práctica en nuestro país con lo cual se podría iniciar la restauración de la credibilidad en los gobiernos y en el buen uso del erario público. Un gran desafío para el próximo gobierno.
