La autonomía de criterios y la discrecionalidad de acción por parte de algunos funcionarios forma parte de una singular y autócrata cultura de poder en el país.
Hay una inmensa mayoría de funcionarios que, al igual que el Poder Ejecutivo, tiene el compromiso de rendir cuentas al pueblo dominicano.
No se trata de hacerlo de manera coyuntural, en un tiempo determinado. Debería formar parte de una política de Estado, pero no se hace.
Hay iniciativas, como la del Presidente de la República, de promover e incidir en un ciclo público con el objetivo de informar sobre el curso económico de la nación en torno a qué tenemos, cómo andan las finanzas públicas y cuáles serán las prioridades del Gobierno hasta el final de su periodo, que cerrará en agosto próximo.
En la primera fase tuvimos al gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu; al superintendente de Bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas; a Temístocles Montás, ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y a Daniel Toribio, ministro de Hacienda.
Si algo bueno tiene el cierre de un periodo de gobierno es que muestra prácticas novedosas y efectivas que debieron formar parte desde un principio de su modelo de gestión, incluido, por supuesto, las administraciones de los gobernadores, de los síndicos y los organismos descentralizados.
El ejercicio de transparencia llega, y quizá se podría afirmar que un poco tarde, pero a tiempo para que se difunda lo que el pueblo tiene derecho a conocer.
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