El sector empresarial ha planteado una realidad muy poco popular: las unidades productivas formales del país tienen una alta carga laboral que induce a la informalidad en la mayor cantidad de los empleos que se crean en el país.
Una parte importante de esa alta carga está contenida en el Código de Trabajo, donde el pago de cesantía es una guillotina que pende sobre el cuello de la mayoría de las empresas dominicanas.
Hay que decir sin sonrojo que las pequeñas y medianas empresas no soportan la carga de la cesantía y eso constituye en una de las principales retrancas para ese segmento.
La otra realidad es que la cesantía es como una especie de ahorro o seguro que tienen los asalariados cuando quedan sin empleo, en especial si se toma en cuenta los bajísimos salarios que devengan.
La mayoría de los sueldos de nuestro mercado laboral escasamente alcanzan para cubrir las necesidades fundamentales de los trabajadores, mucho menos para crear un ahorro para sobrevivir unos meses cuando quedan desempleados.
Se trata entonces de buscar una fórmula que le quite el yugo que constituye la cesantía para la mayoría de las empresas, en especial las pequeñas y medianas.
Pero también que esa misma fórmula no deje en el desamparo a los trabajadores.
Para enfrentar esa disyuntiva se requiere de la inteligencia de los líderes empresariales y sindicales.
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