Confieso ser un enamorado de la costa norte de la península de Samaná, área geográfica que vio nacer mi padre y depositario de mil encantos y un enorme baúl de recuerdos que atesoro en la intimidad de mis pensamientos.
Uno de sus encantos, amén de la lujuriosa belleza natural de sus playas y exquisitos balnearios, estallados al pie de las montanas más verdes, ha sido un desarrollo algo desorganizado, fraccionado, con savoir faire y sin la multitudinaria aglomeración humana de los all inclusive que salpican las costas este y norte del país.
El conjunto Cozón-Terrenas-Portillo-Limón, poseedores talvez de la mejores infraestructuras públicas del área, ha logrado cierta armonía en el caos de su desarrollo, exhibiendo placenteros paseos, confortable y variada oferta para pernoctar y una gastronomía autóctono y agradable, principalmente sobre la base de alimentos provenientes del mar.
Entre los diferentes establecimientos de dicha zona se destacaba el llamado Pueblo de Pescadores, compuesto por una docena de establecimientos colindantes, antiguamente viviendas de pescadores, ilegalmente ubicadas a la orilla del mar, mayormente en manos de inversionistas/operadores extranjeros, con oferta de calidad aceptable, en ambientes informales y a precios razonables.
Esos negocios no aceptaban tarjetas de crédito; no te podían proveer de recibo fiscal, obligando al consumidor a preguntarse si esos negocios eran violadores del régimen fiscal, y cómo pudiera ser tolerada esta práctica, si era conocida por todos.
Desafortunadamente, la tragedia les llegó en la forma de un incendio, que visto la fragilidad de los materiales de construcción (cana y madera) y la carencia de elementos mínimos de seguridad, devoró todos esos negocios.
Afortunadamente el Gobierno ha iniciado el rescate, aunque nos preguntemos: ¿la reconstrucción será con préstamos a los propietarios; cuáles son las tasas de interés y demás condiciones; se instalarán veri-phone; cuando vuelvan a operar, nos darán facturas fiscales?
