Santo Domingo.-El Gobierno dominicano reiteró ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos que cumplirá con lo dispuesto por la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que no les corresponde la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros ilegales nacidos en territorio nacional.
En una sesión, en la que quedó evidenciado que se discutía sobre una sentencia que no habían leído varios de los que la cuestionaban, incluyendo al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, la delegación dominicana fue enfática en señalar que aplicará la legislación local apegada al respeto de los derechos humanos y las normas internacionales.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, invitó a los organismos internacionales a visitar República Dominicana para verificar la implementación de los dispositivos de la controversial sentencia.
El funcionario dominicano hizo un recuento de las muestras de cooperación y solidaridad de República Dominicana frente Haití, pero se quejó de que la respuesta que recibe a cambio del vecino país es “una respuesta hostil e injustificable que no muestra reciprocidad con la actitud conciliatoria y de concertación del gobierno dominicano”.
Añadió que esa actitud de las autoridades haitianas genera tensiones innecesarias.
Críticas del Caricom
Luego de la intervención de Pina Toribio tomaron la palabra, una por una, las naciones caribeñas miembros del Caricom, que criticaron la sentencia del Tribunal Constitucional dominicano, algunos de los cuales dijeron que la misma llevaría a cientos de miles de descendientes de haitianos a la apatricidad.
El primero en tomar la palabra fue Jamaica, cuyo representante manifestó su preocupación por las consecuencias humanitarias de la sentencia.
Luego siguieron los representantes de San Vicent, Suriname, San Kid y Guyana, saliendo a relucir que en cada caso fueron contactados por la Cancillería haitiana para buscar que rechazaran la disposición dominicana. Las demás intervenciones de los miembros iban en la misma dirección de criticar la decisión.
Las intervenciones fueron interrumpidas por el representante del país en la OEA, Geovanny Ramírez, quien pidió aclarar conceptos emitidos hasta ese momento.
El presidente del Consejo Permanente, el peruano Walter Albán, planteó que las hiciera al término de las exposiciones de todos los países.
A esa posición le salió al frente el representante de Nicaragua, quien dijo que se debía permitir al país responder cada señalamientos.
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, entonces tomó la palabra para recomendar que se permitiera hablar al país cada cinco o siete intervenciones y aprovechó para decir que él mismo ha criticado la sentencia y que recomendó que el caso fuera llevado a ese organismo y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Varios países continuaron hablando y al dársele el turno a República Dominicana fungió como vocero el presidente de la JCE, Roberto Rosario, quien hizo una contextualización histórica de las intervenciones que ha tenido República Dominicana, incluyendo la de 1965 auspiciada por la misma OEA.
Insulza admite no leyó
En esa intervención, Roberto Rosario se dirigió a Insulza y le recordó que esamisma mañana le había preguntado que si había leído la sentencia del Tribunal Constitucional dominicana que él estaba criticando y reveló que Insulza le admitió que no la había leído.
En seguida dijo que varios de los que habían tomado la palabra en esa oportunidad también le manifestaron la noche anterior que tampoco la habían leído.
Fue en ese contexto que Rosario manifestó que la OEA debe ser la casa de los países de América y no dejarse utilizar por intereses particulares, ya sea de países o de grupos. Le dijo que la OEA camina sobre el delgado hilo de representar a los países miembros y a intereses particulares.
Recordó que la sentencia se trata de que no hayan inscripciones irregulares en el Registro Civil, señalando que hasta Estados Unidos ha requerido investigar casos de esos, como son los de beisbolistas dominicanos que se han valido de actas de nacimiento registradas de manera irregular para variar su edad, lo que a ellos les ha costado contratos millonarios al serles anuladas las actas.
Estados Unidos
Estados Unidos dijo que también le preocupaban los efectos que podría tener la sentencia, pero que veía con satisfacción que República Dominicana asegurara que no se producirían repatriaciones masivas y q ue además pedía el acompañamiento de organismos internacionales para verificar que su ejecución sea acorde con los derechos humanos y los acuerdos internacionales.
La posición de Haití provoca un incidente
La representación de Haití tomó la palabra y su embajador la cedió a Guy Alexander, quien fuera embajador haitiano en República Dominicana en los gobiernos de Jean Bertran Aristide.
Su intervención provocó un incidente porque cuando empezó a hablar dijo que no lo hacía en nombre del Gobierno, y de inmediato el delegado de Nicaragua reclamó en la sesión que en ese escenario sólo hablaban representantes de los Estados y que permitir a alguien hacerlo a título personal sería violar las normas.
El presidente de la Asamblea pidió al embajador haitiano aclarar la situación y éste la salvó diciendo que la noche anterior le había llegado el documento con la acreditación de Alexander y que era por “humildad” que éste decía que no hablaba en nombre de su Gobierno.
