La controversia surgida entre República Dominicana y Estados Unidos en torno a las importaciones de arroz plantea un desafío que merece ser abordado con prudencia, sentido de Estado y una visión que trascienda los intereses inmediatos de cualquiera de las partes.
Para República Dominicana proteger su producción arrocera es importante.
No se trata simplemente de defender a un grupo empresarial. Alrededor del arroz existe toda una estructura productiva que genera empleos, sostiene comunidades rurales, moviliza industrias y comercios y contribuye a la seguridad alimentaria de la población.
Pero esa realidad debe coexistir con el hecho de que República Dominicana es una economía abierta que decidió integrarse a los mercados internacionales y asumir compromisos comerciales con otros países.
Uno de ellos es el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA.
El tratado entró en vigor para República Dominicana en 2007 y estableció un proceso gradual de apertura que concedió largos períodos de transición precisamente para que sectores considerados sensibles pudieran prepararse para competir.
En el caso del arroz, Estados Unidos sostiene que el acuerdo establecía la eliminación del arancel a partir del primero de enero de 2025. El Gobierno dominicano adoptó disposiciones para mantener una cuota libre de aranceles y aplicar una protección fuera de ella, medida que Washington ha cuestionado como incompatible con los compromisos asumidos.
Esa diferencia debe ser discutida y negociada.
República Dominicana tiene derecho a defender sus intereses y a explicar a su principal socio comercial la importancia económica, social y estratégica que tiene la producción nacional de arroz. Pero en este caso se debe hacer a sabiendas de que el reclamo de Estados Unidos no es infundado.
Ojalá se mantenga como un diálogo entre socios comerciales.
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