Recientemente el Gobierno dominicano estableció el Decreto número 693-24 que aplica un trato arancelario de 20 % y 99 % de arancel a la importación de arroz, con base en una lista preferencial de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Para el caso de Estados Unidos, principal socio comercial y el país más beneficiado en el acuerdo DR-CAFTA, el decreto le aplica un contingente o cuota libre de arancel a un volumen de 23,300 TM y añade un arancel de 99 % al volumen que supere ese contingente.
na de las medidas previas que justifica esa protección al arroz se encuentra en la Ley núm. 75-24, que modifica varios artículos de la Ley núm. 589-16, del 5 de julio de 2016, la cual crea el Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en República Dominicana.
El arroz es un cultivo estratégico para el país no sólo por la cultura de consumo, sino porque se produce en 21 provincias del país, y en 8 es el cultivo más importante.
El país es autosuficiente en la producción de arroz. Produce 14 millones de quintales anuales, mientras que el consumo es un poco más de 13 millones de quintales.
El sector arrocero genera alrededor de 340 mil empleos entre directos e indirectos; y el arroz como producto de consumo masivo, es después del “pollo fresco” el que tiene la ponderación más alta en el grupo de “alimentos y bebidas no alcohólicas” (1.94) de la canasta básica familiar, tanto a nivel nacional como en los quintiles 1 y 2 (4.37 y 2.97), donde están ubicados los grupos más vulnerables.
Es difícil competir con productores subsidiados como los estadounidenses. Según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), su sector arrocero recibe alrededor de 700 millones de dólares anuales en subsidios, lo que genera una distorsión en los precios internacionales del arroz.
Es por eso que las autoridades hicieron lo correcto al establecer cierta protección al sector arrocero. De lo contrario, nuestra soberanía arrocera estaría en “peligro”.