Desde la desastrosa privatización del sector eléctrico, a finales de los noventas, el empresariado con intereses en este sector no ha cejado en su afán por apoderarse de la distribución de la energía eléctrica, re poseída por el Estado desde el año 2003, cuando se readquirieron las acciones de EDESUR y EDENORTE luego de los llamados “acuerdos de Madrid”.

Desde entonces las maniobras para la privatización de las distribuidoras, por parte del capital privado, han estado aflorando de cuando en vez por diferentes voceros, que dejan caer estas perlas en momentos y en ocasiones muy concretas.

La última de estas fue la expuesta durante la celebración del V foro eléctrico celebrado por la Asociación Dominicana de industrias eléctricas- ADIE- en la propuesta del economista Héctor Guilliani: “Estrategia de solución global a la crisis del sector eléctrico. El caso Dominicano”. Solo que esta vez vino envuelta en un “caramelito envenenado”.

¿Y en qué consiste este “caramelo”? Pues en lo que el autor denomina la solución del “capitalismo popular”, que se utilizaría como forma de privatizar las EDES. Lo que este autor propone es que las acciones del estado en EDESUR y EDENORTE se pondrían a disposición del público atravez de la bolsa de valores u otro mecanismo de venta y a las cuales tendría acceso cualquier Dominicano o extranjero que desee comprarlas, reglamentando el proceso de adquisición para evitar el acaparamiento.

La misma receta recomienda el autor para la nueva generación que provendría de las dos plantas a carbón que el gobierno está construyendo en Peravia, “…cuando entren en operación, si acaso…” afirma el señor Guilliani. Sin embargo, todos sabemos donde finalmente irán a parar esas acciones: al “capitalismo anti popular” de los grandes intereses eléctricos.

Los argumentos utilizados para apoyar la privatización de marras (casualmente siempre son los mismos de siempre) fueron: La percepción en la población de que el gobierno es dispendioso, corrupto y generador de botellas, la eliminación del subsidio eléctrico y la conveniencia por parte del gobierno de deshacerse de este tipo de empresas, entre otras. Pero lo que no nos explica nuestro expositor es que esas mismas consideraciones fueron las que se usaron en los noventa cuando se realizó la primera privatización, y lo que hemos obtenido hasta ahora, es una mayor profundización de la pobreza eléctrica en el país.

¿Cual ha sido el resultado de la privatización del sector eléctrico en nuestro país?, a saber: el aumento del déficit que se convierte en subsidio (que de 100 millones de dólares anuales, aproximadamente a finales de los noventa, devino en 1,300 millones el año pasado) y una de las tarifas eléctricas más altas de la región. Fraudes por parte de las generadoras, como el expuesto en la querella interpuesta por el FONPER contra algunos generadores y sus ejecutivos en el 2012, que lesionan los ingresos del Estado y por consiguiente de la población en su conjunto. Querella que, a propósito, hoy se encuentra en un limbo en la fiscalía del distrito Nacional.

Privatizar es un esquema neoliberal que ha demostrado ser ineficaz y que en definitiva solo beneficia a los empresarios, dejando en peores condiciones al Estado y a la sociedad. Por esa razón gran parte de los procesos privatizadores de las pasadas décadas están siendo revisados en unos casos y revertidos en otros, sobretodo en la región latinoamericana.

Se ha demostrado que el precio a que las generadores le venden a las EDES y a la propia CDEEE, están sobre valuados (G. Caram, Periódico Hoy) de manera que si los generadores vendieran al mismo precio que las hidroeléctricas, no existiera el atraso con el que hoy chantajean al Estado. Y si a esto le restásemos los 18,000 millones de pesos del expediente del FONPER, la deuda la tendrían ellos con el gobierno dominicano y no al revés, pero así son las cosas en nuestro queridísimo país.

A causa de esta situación es que el vicepresidente de la CDEEE Ing. Rubén Bichara, confronta a los generadores, planteando que el problema no está en la distribución de energía sino en la generación (ver debate en los medios escritos) donde se conforman los sobreprecios que finalmente pagamos todos. De ahí que se entienda las intenciones del sector generador de apropiarse de la distribución eléctrica, para poder controlar de principio a fin, todo lo concerniente a costos y tarifas.

El Estado Dominicano ha adoptado el camino correcto de combatir los sobreprecios con la inversión en las plantas a carbón de Punta Catalina cuyo efecto en la matriz de generación será beneficioso para toda la población. Entregar el patrimonio de todos los dominicanos a un grupito de ambiciosos empresarios seria enviar un mensaje a la sociedad de que nuestros políticos se muestran más interesados en garantizar el beneficio privado que el bienestar social.

De esta forma solo nos resta decirle al Economista Guilliani, como reza la sabiduría popular: “te conozco bacalao, aunque vengas disfrazao”.