Salvo alguna contingencia, esta tarde estaré participando en un panel sobre los “Desafíos de la prisión preventiva en el sistema penal dominicano” organizado por el Comité de Estudiantes de Derecho (CED) de la PUCMM-RSTA.

Que los estudiantes hayan decidido convocar este evento muestra que la discusión sobre la prisión preventiva que se produjo el año pasado causó impacto.

Y eso es bueno, porque los altos índices de prisión preventiva en el país fue uno de los motores de la reforma del sistema de justicia en general, y el sistema de justicia penal en particular, en los últimos años del siglo pasado.

Todavía era estudiante de Derecho cuando, como parte de mi trabajo en la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), acompañé a abogados y actores del sistema que recorrieron el país denunciando la facilidad con la que se aplicaba la prisión preventiva.

Ha pasado cerca de un cuarto de siglo desde entonces y es lamentable comprobar que la prisión preventiva sigue siendo un problema grave.

Esto es particularmente penoso porque muestra que de poco ha servido brindar al sistema herramientas diversas: la prisión preventiva sigue siendo la opción preferida de sus operadores. Es decir, se ha impuesto la cultura de que “sin preso, no hay proceso”.

Algunos pretenden que este tema sólo importa cuando se trata de imputados con recursos económicos; lo que no pueden es negar que el problema existe.

Y que, además, forma parte de un entramado de malas prácticas (como los juicios mediáticos) que sólo procuran avasallar a cualquier imputado.

Todos ellos, desde el más rico hasta el más pobre, saben que el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva como medida “ideal”, pese a que la Constitución de República establece su excepcionalidad.

No se trata, pues, de un problema de clases sociales. Argumentar eso es una extensión de la demagogia penal que nos ha traído donde estamos.

En realidad, los más pobres son las víctimas más directas de esta práctica y, por lo tanto, los más perjudicados por la defensa que se hace de ella. Me alegra y llena de esperanza que el tema haya calado nuevamente en la conciencia de la comunidad jurídica y que los estudiantes, dueños del futuro, lo asuman. Espero que sean más exitosos que nosotros en cambiar este estado de cosas.