Hace poco más de una semana tuvimos fumata blanca luego de que el Consejo Nacional de la Magistratura designara -finalmente- los jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia y a su nuevo presidente.
Este momento fue precedido de un amplio debate público, sobre todo en torno a quién debía ocupar la presidencia de la Corte. En el mundo jurídico la discusión llegó a ser caldeada, como era previsible cuando se trata de funciones tan importantes.
Yo no quise intervenir, porque las designaciones de jueces en las altas cortes son siempre una experiencia agridulce. Por un lado, uno celebra el reconocimiento a aquellos que son escogidos, pero, por el otro, lo lamenta mucho por quienes quedan fuera.
Superado el trance, podemos estar satisfechos con la selección hecha. El magistrado Justiniano Montero, nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, es un juez que ha hecho los méritos para ocupar el cargo. Es seguro que muy pocos se encuentran en situación comparable a la suya.
Pero ahora corresponde que abordemos otros temas, porque es poco lo que pueden hacer los jueces si el Estado no les brinda las herramientas necesarias para hacer su trabajo. He dicho antes, y sostengo ahora también, que muchos de los males que achacamos a los jueces tienen su verdadero origen en la falta de apoyo recibido por el Poder Judicial.
La mora, por ejemplo, está directamente vinculada a la baja cantidad de jueces y personal administrativo de apoyo.
Otro mal, permanente, es la resistencia pertinaz de los funcionarios públicos a cumplir las sentencias que no les gustan.
Este estado de cosas no permite que tomemos a la ligera la desatención que sufre el Poder Judicial. Bien señaló recientemente el jurista Olivo Rodríguez que la falta de recursos, en incumplimiento de la ley 194-04, es un mal que puede y debe ser superado. El dinero que nos ahorramos nos sale mucho más caro de lo que queremos aceptar.
La designación del primer juez presidente de la Suprema Corte de Justicia proveniente de la carrera no debe quedarse en un asunto simbólico, sino servirnos de aliciente para poner en marcha una segunda ola de reformas judiciales que proteja al sistema, garantice a los jueces las condiciones para ejercer su independencia en forma efectiva, y con ello afinque la seguridad jurídica. Al hacerlo nos beneficiaríamos todos.
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