La política de los extremos morales: ad

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Envueltos en el clima de reacciones a la decisión presidencial de observar la ley que creaba el parque nacional loma Miranda, me he detenido en algunas de las expresiones más crudas de rechazo a dicha medida.

El caso, por su trascendencia, debe movernos a prestar atención a sus manifestaciones, pues constituye un parámetro importante para analizar aspectos primordiales de nuestra cultura política e institucional.

Entre las reacciones más intensas se encuentran las que invocan valores absolutos y al mismo tiempo desconocen o impugnan la legitimidad de los poderes públicos, relativizando el apego de éstos o de sus responsables a criterios y principios fundamentales. Para esta interpretación los poderes públicos actúan sobre la base de intenciones y compromisos encubiertos, y sus razones o argumentos carecen de validez. Es una impugnación moral.

Paradójicamente, este punto de vista que reclama el apego a valores y criterios que considera universales y trascendentes, objeta toda razón en el adversario que no sea la de los compromisos con intenciones malsanas.

Este rasgo de nuestras prácticas de opinión y debate público remite a una debilidad muy acusada en nuestra cultura democrática: nos atribuimos todos los principios éticos y los valores fundamentales mientras les negamos a nuestros contradictores la posibilidad de que puedan estar sustentados en una visión distinta, en una interpretación diferente de lo que se considera fundamental o de la idoneidad de los procesos y acciones elegidos o defendidos.

La gravedad de este fenómeno no es sólo que bloquea el debate público por cuanto invalida a quienes discrepan, sino que, siguiendo sus posibles consecuencias prácticas, puede llevarnos a callejones sin salida, a posiciones extremas.

La política real, la gestión de procesos sociales y políticos, necesita que desarrollemos capacidades de discrepar sin que por ello tengamos que poner en juego la validez de nuestro ordenamiento institucional.



Henry Molina

Henry Molina, Santo Domingo, República Dominicana, 24 de agosto de 1967, es licenciado en derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y Máster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Director de la Escuela Nacional de la Judicatura, institución adscrita a la Suprema Corte de Justicia. Este cargo lo ocupó desde el 1998, que obtuvo por concurso de oposición y antecedentes, hasta el 2010. Es integrante del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Actualmente se desempeña como Viceministro de la Presidencia (Ministerio de la Presidencia).

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