La suspensión de un coronel, un capitán y varios suboficiales, todos de la Policía Nacional, por supuesta sustracción de dinero mientras realizaban una investigación, ha generado un extendido interés en la población.
Desde las esferas oficiales nadie todavía ha identificado a los investigados, pero los interesados en este detalle hacen diligencias y fruto de esos esfuerzos andan por ahí nombres, apellidos y rangos.
Importante, en todo caso, es la investigación del caso, que sirve de advertencia contra una práctica dañina.
En su discurso del viernes pasado con ocasión de su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el presidente Luis Abinader se refirió al tema de la corrupción, un flagelo que permea el servicio público de arriba a abajo.
Y ratificó en la ocasión su postura de inflexibilidad ante esta mancha de la que no ha conseguido salir ilesa ninguna administración.
Para el sentido común la corrupción tiene lugar en las altas esferas de la Administración pública, pero esta es una visión limitada que afecta incluso a los responsables de perseguirla.
Ocurre también junto a la gente, como cuando agentes policiales de cualquier rango se ponen de acuerdo para robar mercancías o dinero. Un caso muy sonado de este tipo salió a la luz en Barahona, noviembre de 2021, cuando doce agentes, entre ellos un oficial, fueron separados de la Policía y conducidos ante la justicia por haberse apropiado de cientos de paquetes de cocaína en una de tantas operaciones contra el narcotráfico en el sur del país.
Por su naturaleza, el grueso del trabajo de un policía se desenvuelve en los peores ambientes de la sociedad.
Por lo visto no siempre están blindados contra tentaciones.
Esto es lo que lleva a la ministra de Interior, Faride Raful, a quejarse de que todavía tienen policías en los que no ha entrado una reforma a la que tanto esfuerzo dedica el Gobierno.
