La muerte de cinco personas en un alegado intercambio de disparos, durante un supuesto operativo de seguimiento a miembros de una estructura criminal en Santiago, sin la presencia de un fiscal, sin orden judicial y en medio de múltiples irregularidades, revive la preocupación social por las ejecuciones extrajudiciales.
Más allá de las circunstancias específicas en que perdieron la vida esas cinco personas, el hecho desnuda una serie de violaciones cometidas por los agentes actuantes. De acuerdo con las versiones disponibles, el operativo realizado el miércoles 10 de septiembre no contó con la presencia de un fiscal ni con orden judicial, lo que coloca bajo sospecha la legalidad de todo el procedimiento.
La propia Policía informó en un reporte preliminar que el supuesto enfrentamiento ocurrió en el marco de un operativo de seguimiento a los miembros de una estructura criminal. Sin embargo, la pregunta que sigue en el aire: ¿quién autorizó esa acción y bajo qué condiciones?
Testigos y familiares de las víctimas han denunciado que los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) llegaron, dispararon y luego penetraron a un establecimiento de la plaza ubicada en La Barranquita, Santiago, arrancaron cámaras de vigilancia, se llevaron herramientas de una peluquería y otros artículos. Además, alegan que las armas ocupadas fueron puestas en el vehículo de una de las víctimas. De confirmarse, estaríamos frente a allanamientos ilegales, sustracción de bienes y manipulación de evidencias: un catálogo de actuaciones propias de grupos al margen de la ley, no de una institución encargada de protegerla y, peor aún, una institución inmersa en un proceso de transformación.
La situación que ha generado indignación entre varios sectores ha motivado la reacción de las autoridades. El presidente Luis Abinader advirtió que las investigaciones sobre este caso deben ser llevadas hasta las últimas consecuencias.
Mientras, la procuradora general, Yeni Berenice Reynoso, ha dispuesto que la investigación sea encabezada directamente por la Dirección de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, apartando a la Policía de un rol protagónico en el proceso. Ese gesto puede interpretarse como un mensaje claro: la sociedad exige transparencia y no está dispuesta a tolerar encubrimientos.
De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha prometido que no habrá impunidad. Sin embargo, las palabras deben traducirse en hechos. Lo ocurrido en Santiago no es un caso menor; se trata de un episodio que amenaza con erosionar aún más la confianza ciudadana en la Policía Nacional, institución que se encuentra en un proceso de reforma que, a juzgar por los acontecimientos, enfrenta resistencias internas y prácticas enquistadas de vieja data.
La población de Santiago y del resto del país merece respuestas claras, justicia efectiva y la garantía de que nunca más volveremos a ver este tipo de escenas. Porque si algo ha quedado demostrado en la historia dominicana, es que la impunidad en materia de ejecuciones extrajudiciales no solo destruye vidas, también destruye la confianza en el Estado de derecho.
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Joan Vargas
Joan Kennedy Vargas, periodista dominicano. Cubre la fuente de la Presidencia de la República, Policía, Fuerzas Armadas y DNCD.
