Cada cierto tiempo en el país reaparece la discusión sobre el acceso a las playas. Un video, una denuncia ciudadana o algún incidente en una zona turística vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que parecería elemental: ¿puede un dominicano llegar libremente hasta una playa de su propio país?
La Constitución reconoce las playas como bienes de dominio público y garantiza su libre acceso, conforme a las disposiciones legales. Pero alrededor de este principio existe otra discusión a la que prestamos menos atención: ¿qué responsabilidad tienen los ayuntamientos? Porque las playas serán bienes nacionales, pero están ubicadas dentro de territorios municipales. Y esa realidad importa.
Antes de tocar la arena, cualquier ciudadano debe transitar por una calle, identificar un acceso, buscar dónde estacionarse, atravesar algún espacio público y, en muchos casos, enfrentar señalizaciones deficientes, basura, ocupaciones, obstáculos o caminos cuyo carácter público o privado resulta confuso. Gran parte de esa experiencia está vinculada directamente con la gestión local.
Los ayuntamientos tienen competencias relacionadas con ordenamiento territorial, uso del suelo, espacio público, limpieza, ornato, saneamiento, tránsito local, disciplina urbanística y protección ambiental. Por tanto, los gobiernos locales costeros deben ser actores fundamentales en cualquier política destinada a garantizar el disfrute organizado de nuestras playas.
El ayuntamiento no es dueño de la playa ni puede sustituir las atribuciones del Ministerio de Medio Ambiente, Turismo u otras instituciones nacionales. Pero tampoco debería permanecer indiferente. Un municipio costero debería conocer perfectamente cuáles son sus playas, dónde están ubicados sus accesos públicos, qué condiciones presentan, cuáles están obstruidos y qué infraestructura necesitan.
Deberíamos poder llegar a cualquier municipio turístico y encontrar sus playas y accesos correctamente identificados. Eso también es planificación territorial.
Además, deberían existir señalización, rutas peatonales seguras, manejo adecuado de residuos, estacionamientos donde sea posible, regulación del comercio y vigilancia sobre construcciones u ocupaciones que afecten los espacios públicos vinculados al litoral. Garantizar acceso tampoco significa promover desorden.
El derecho ciudadano a disfrutar de una playa debe convivir con normas de seguridad, protección ambiental, organización y respeto hacia las comunidades donde estas se encuentran.
Durante décadas hemos hablado del turismo dominicano en términos de hoteles, habitaciones, inversiones, aeropuertos y cantidad de visitantes. Todo eso importa. Pero hemos hablado mucho menos de la ciudad y del municipio que rodean esos destinos.
El turista llega a un hotel; el ciudadano vive el territorio. Por eso considero que cada municipio costero debería disponer de un inventario oficial de playas y accesos públicos, georreferenciado, señalizado y disponible digitalmente para cualquier ciudadano.
También sería conveniente establecer una política coordinada entre ayuntamientos, Medio Ambiente, Turismo y demás instituciones competentes para proteger, mantener y ordenar estos accesos.
La defensa de nuestras playas no consiste únicamente en impedir que alguien cierre un camino. También significa garantizar que ese patrimonio pueda disfrutarse de manera democrática, segura, organizada y sostenible.
Porque hay una realidad elemental que muchas veces olvidamos y es que la playa pertenece a todos, pero está en algún municipio. Y por eso, cuando hablamos del derecho a llegar al mar, también tenemos que hablar de ayuntamientos.
