Foto de archivo.
NACIONES UNIDAS, Estados Unidos. – El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, propone que unos 40 millones de dólares del presupuesto que los cascos azules basados en Haití no han utilizado sean destinados a un fondo de ayuda a las víctimas del cólera en el país centroamericano.
En un informe que la asamblea general de Naciones Unidas examinará en junio, Guterres recomienda una serie de medidas para resolver el grave problema del financiamiento de ese fondo de asistencia.
La ONU había previsto reunir unos 40 millones de dólares pero en dos años los estados miembros sólo aportaron 2% de esa suma.
En febrero pasado, Guterres envió un mensaje a los miembros de la ONU para que reaccionaran, pero no tuvo mayor eco, por lo que en su informe los invitó a que «se planteen renunciar voluntariamente a recuperar» el dinero no gastado del presupuesto asignado a la misión de la ONU en Haití (Minustah) en el período 2015-2016, un total de 40,5 millones de dólares, que irían al fondo de ayuda a las víctimas del cólera.
El Consejo de Seguridad decidió en abril poner fin a la presencia de cascos azules en Haití, iniciada en 2013, y remplazarlos por una fuerza policial Guterres sugirió igualmente el nombramiento de un «emisario de alto nivel» que se encargaría de contactar a los países miembros para que alimenten voluntariamente ese fondo.
La lista de países que ya han contribuido a la financiación de ese dispositivo es corta: Reino Unido, Corea del Sur, Francia, Liechtenstein, India, Sri Lanka y Chile, que al 20 de abril entregaron un total de 2,6 millones de dólares. Canadá y Japón aportaron de manera separada unos 7 millones de dólares.
Alrededor de 9.500 personas murieron en Haití tras el inicio de la epidemia de cólera, en 2010, y más de 800.000 habrían sido contaminadas.
El exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon fue obligado a disculparse ante las autoridades haitianas luego que investigaciones comprobaran que la epidemia fue introducida por cascos azules de Nepal que llegaron al país tras el devastador terremoto de enero de 2010.
Naciones Unidas estima sin embargo que no es legalmente responsable de la situación e invoca la inmunidad diplomática de que gozan sus funcionarios, que los pondría al abrigo de cualquier demanda judicial.
