Carlos Salcedo
Junto a otros elementos de sus promesas de campaña, la del respeto a la independencia judicial durante la campaña electoral, y particularmente del Ministerio Público, le rindió al presidente Abinader frutos electorales muy positivos.
El ala de la justicia encargada de la investigación y persecución de la corrupción debía ser “tomada” para poder cumplir con tales propósitos y responder el grito ciudadano del fin de la impunidad.
Un mal tan viejo como la República debía ser combatido con mucha responsabilidad, para lo cual había que poner a la cabeza de la Procuraduría General de la República personas experimentadas y de sólidas bases éticas y jurídicas. Pero las mejores prendas debían ser la de la independencia y la objetividad. De ahí la designación de la exmagistrada Miriam Germán Brito y el principal equipo que le acompaña.
Borrar el sello de una pasada gestión espectacular, narcisista, manipuladora de concursos, arbitraria, negadora de derechos consagrados en la Constitución y las leyes y caracterizada por persecuciones selectivas y con marcado sello político, sin negar los avances experimentados, sigue siendo un reto para el Ministerio Público.
Me preocupa que solo una parte del Ministerio Público demuestre su compromiso con la eficiencia y la integridad mientras otra vegeta, sin entender su rol de servidores públicos, sin respuestas oportunas, aptas y eficaces a una ciudadanía con altos niveles de descreimiento.
Igualmente, no pueden repetirse en las investigaciones los abusos y el ocultamiento de las actuaciones a los investigados. Son lastres de un Ministerio Público inquisidor que deben ser todavía superados.
Enfrentar el crimen y la delincuencia, sobre todo la corrupción, es una tarea tan necesaria como imprescindible, sobre todo si se hace sin miramientos de parcelas políticas ni de otros intereses; pero la contundencia debe tener a su lado la prudencia que manda la protección de los derechos fundamentales de los inculpados.
Ojo al Cristo doña Miriam. La masificación persecutora puede parir procesos enclenques, cosa que podría restarle parte de la fiabilidad que necesita el Ministerio Público y más que hacer realidad la objetividad, consustancial a sus actuaciones, haría pervivir el mito de la independencia judicial en la República Dominicana, con la consiguiente falta de respaldo de la población, pues el abuso y la arbitrariedad deben ser cosas del pasado.
