La propuesta de aumento de impuestos en procura de cubrir el déficit fiscal, junto a la necesidad de un pacto energético y educativo, me ha hecho recordar los procesos de negociación que he llevado a cabo durante estos cuarenta años de ejercicio profesional.
En esencia hay dos formas de solución: la denominada por imposición, y la llamada por consenso. En la imposición se limita a solo una de las partes reclamando lo deseado; en la consensuada las partes acuerdan lo deseado. La imposición es la incorrecta y la consensuada, la más conveniente.
El proceso de negociación consensuado conlleva en sí cuatro fases, cual si fuesen las cuatro patas de una mesa llamada negociación. La primera, consiste en identificar cuál es el problema, sus raíces, consecuencias; o detectar la oportunidad que se presenta.
La segunda se basa en detallar los pasos que se van a llevar a cabo por parte del interesado a fin de superar las dificultades o aprovechar la oportunidad.
La tercera pata consiste en la descripción detallada del uso de los recursos que se están solicitando. ¿Para qué quiero el dinero; en qué lo utilizaré; como habrá de contribuir en el logro de los objetivos?
La cuarta y última pata es el proceso en el cual se define qué necesita una parte de la otra: la concesión de la petición en condiciones adecuadas para cada una de las partes.
En nuestra política vernácula, a estos procesos se le ha llamado diálogo nacional, un camino al cual se ha acudido con motivo de la propuesta de reforma fiscal recién presentada.
Deseamos que ese diálogo conduzca a una negociación real, y que esta se construya sobre la mesa llamada negociación, y jamás por el camino de la imposición, para que sea justa y equitativa para ambas partes.
