El Gobierno de República Dominicana ha cumplido a cabalidad con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros dispuesto a raíz de un mandato de la controversial sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Los dominicanos literalmente se sacaron el pan de la boca para ofrecer de manera gratuito ese proceso, algo inédito en todo el mundo, incluyendo en países desarrollados.
El Plan Nacional de Regularización fue más allá de lo esperado en lo que tiene que ver con la República Dominicana. Se proyectaba que se acogerían al mismo unas 200 mil personas, ese número se encuentra en estos momentos rondando los 240 mil extranjeros, la inmensa mayoría de ellos haitianos.
Sin embargo, la otra cara de la moneda ha sido el incumplimiento por parte de las autoridades haitianas, que desde el principio estuvieron muy por debajo de las circunstancias.
El primer obstáculo que impuso el gobierno de Haití fue cobrar más allá de lo prudente por entregarles los documentos a sus ciudadanos.
Ante la protesta redujo el precio, pero entonces lo que primó fue la negligencia en el proceso de atender los requerimientos de sus ciudadanos.
De manera inexplicable, a solo el cinco por ciento de los que han solicitado pasaportes les han sido concedidos por el gobierno de Haití.
El Gobierno dominicano tiene que estar atento ante la posibilidad de que nueva vez Haití se presente como víctima y quiera forzar a República Dominicana a cargar con la falta de ellos.
