Las preocupaciones expresadas por los productores de arroz durante su participación en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio merecen ser escuchadas con atención por las autoridades. No se trata únicamente de defender los intereses de un sector económico, sino de preservar una actividad estratégica para la seguridad alimentaria y la estabilidad social del país.
La apertura a las importaciones de arroz procedente de Estados Unidos plantea desafíos que no pueden abordarse exclusivamente desde la perspectiva del libre comercio. Es necesario considerar las condiciones desiguales en que compiten nuestros productores frente a agricultores estadounidenses que cuentan con mayores subsidios, financiamiento y economías de escala.
Es posible que, inicialmente, el arroz importado llegue al consumidor dominicano a precios inferiores a los del producto nacional. Sin embargo, ese beneficio inmediato podría convertirse en un problema de largo plazo si provoca la desaparición de una parte significativa de nuestra capacidad productiva.
Una vez debilitada la producción local, el país quedaría expuesto a una mayor dependencia de los mercados internacionales, sin un contrapeso interno suficiente para enfrentar eventuales aumentos de precios, interrupciones del suministro o decisiones comerciales de los exportadores.
Por eso resulta indispensable escuchar las propuestas de los arroceros y explorar alternativas que permitan cumplir los compromisos comerciales internacionales sin sacrificar la producción nacional.
Proteger al productor dominicano no significa garantizarle privilegios permanentes ni trasladar ineficiencias al consumidor. Significa crear condiciones razonables para que pueda competir, mejorar su productividad y continuar abasteciendo el mercado.
El país necesita arroz a precios justos, pero también necesita conservar la capacidad de producirlo.
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