Santo Domingo.– En el 2025, la minería se consolida como el principal motor económico de República Dominicana, aportando más de la mitad de todas las exportaciones nacionales.
Así lo informó Martín Valerio, director ejecutivo de la Cámara Minera Petrolera de la República Dominicana (Camipe), quien destacó que solo en el primer semestre el sector contribuyó con más de 25 mil millones de pesos al fisco.
Valerio explicó que este desempeño no depende únicamente de los metales preciosos. La minería no metálica, clave para la industria, la construcción y la producción local, registró 13.2 millones de dólares en exportaciones, con un crecimiento de 9.9% respecto al 2024.
Aunque frecuentemente subestimado, dijo que este subsector es vital para la competitividad del país. Sin embargo, advirtió que es también uno de los más afectados por prácticas irregulares, como la minería ilegal y la competencia desleal, que distorsionan el mercado y alimentan la evasión fiscal.
“Defender la minería no metálica formal es defender el orden, la legalidad y el desarrollo sostenible del país”, afirmó.
El ejecutivo resaltó que el crecimiento sectorial también está impulsado por la confianza empresarial.
En el 2025, resaltó que la reinversión minera ascendió a 420 millones de dólares, lo que representa un aumento de 440%.
“Las empresas no se están yendo, están reinvirtiendo. Eso significa confianza, significa que nuestras empresas creen en el país, en su paz social y en su estabilidad política”, aseguró.
Durante su intervención, Valerio insistió en que la minería debe entenderse desde los territorios y las comunidades.
Señaló casos como Cotuí, Maimón, Pedernales y San Juan de la Maguana, donde miles de familias participan en una cadena de valor que impulsa comercios, emprendimientos locales, transporte y empleos dignos.
De acuerdo con Valerio, el verdadero desarrollo no son solo cifras, sino realidades palpables que transforman regiones completas.
También denunció que el silencio administrativo se ha convertido en una barrera para el crecimiento del sector.
Afirmó que cuando una solicitud con base legítima tarda meses o años sin respuesta, el país pierde inversión, empleo y desarrollo. “Eso no es prudencia, es parálisis”, sostuvo.
Valerio reiteró el respaldo de Camipe al Standard 8, una iniciativa voluntaria que promueve la transparencia y la gobernanza tripartita entre gobierno, sociedad civil y el sector minero formal. Igualmente, apoyó la creación de un instrumento que permita rendir cuentas sobre el 5% destinado al desarrollo de las comunidades donde operan las empresas.
“No nos conformamos con desarrollar una actividad económica. Es nuestro interés desarrollar una cultura del buen vecino”, dijo.
Recalcó que el Estado y la sociedad también comparten deberes esenciales para garantizar procesos claros y debates basados en evidencias. “Solo cuando todos asumimos nuestros deberes, los derechos de todos pueden florecer”, afirmó.
Finalmente, convocó al gobierno, al Congreso, a la academia, al sector privado y a la sociedad civil a un gran pacto por la modernización minera.
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