Alexis Peña Céspedes.
En otras columnas he escrito sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), en la que esboza objetivos, estrategias y planes en relación a la visión país planteada por sectores empresariales, académicos, partidos políticos, sociedad civil e iglesias.
Ahora bien, en la Ley Estrategia Nacional de Desarrollo se plantearon el Estado, empresarios, legisladores, sociedad civil, jueces, mediadores, fiscales, profesionales del derecho y academias; en su artículo 7 sobre el “Estado Social Democrático de Derecho” destacado en la Constitución del 2010 que “Un Estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local”.
También destaca dentro de sus objetivos que la “Administración de justicia accesible a todas la población, eficiente en el despacho judicial y ágil en los procesos judiciales”.
Y si el Estado vía la Procuraduría General de la República (PGR) y el Poder Judicial desea según la Ley 1-12 “Institucionalizar y fortalecer mecanismos que mejoren el acceso de toda la población al sistema de administración judicial y a formas alternativas de resolución de conflictos, como arbitraje, conciliación y Mediación y establecer espacios de capacitación de mediadores, para eficientizar la administración de justicia y contribuir con ello a la paz social”. 1.2.1.4. Pues ahí cuentan con la base legal.
Entonces la línea de acción llama a esas instancias en el segundo objetivo específico, el 1.2.2 a “Construir un clima de seguridad ciudadana basado en el combate a las múltiples causas que originan la delincuencia, el crimen organizado y la violencia en la convivencia social, incluyendo la violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, mediante la articulación eficiente de las políticas de prevención, persecución y sanción”.
En el cual en su línea de acción 3.3.2.4. Dice “Fortalecer el marco institucional para garantizar, sin discriminación, los derechos laborales establecidos en la Constitución, la legislación y los convenios internacionales ratificados por el país, incluidos en el dialogo social y los mecanismos de mediación y conciliación de conflictos laborales”.
Estos planteamientos están pendientes hasta el 2030, por lo que sí instancias estatales impulsan los Métodos Alternos tanto virtuales como vía la inteligencia artificial, ya poseen argumentos jurídicos y constitucionales para viabilizar el acceso a justicia a la ciudadanía. A la fecha, le he llamado la Inteligencia Artificial para la Resolución Alterna de Conflictos (IAMARC).
República Dominicana con dos estrategias nacionales de desarrollo, la de desarrollo humano (END) y la de expansión de la tecnología. La primera se ha cumplido a medias por las instancias estatales, mientras que la segunda, está en proceso de desarrollo; por lo que se espera en el futuro una organización y cumplimiento de los objetivos y planes.
En lo que no estaría de acuerdo, es que una máquina robot posea la misma autoridad, formación, capacitación y herramientas para abordar la conflictividad de la sociedad dominicana, mucho menos en temas relacionados a familia (guarda, alimentos, visitas, autorización de viajes, filiación, partición de bienes, bienes sucesorales u otros), propio de la sociedad misma.
En ese orden, Cristian Mota publicó el artículo “La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial” en el periódico Hoy digital el 21 de junio de 2023, el que indica que el año 2019 se instituyó la denominada Comisión Mundial de Ética del Conocimiento Científico y la Tecnología (COMEST), de la UNESCO dependencia de la ONU, la cual planteó “…definió la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos”.
Es así que mediante el Decreto No. 54-21, convierte a la Oficina Presidencial de Tecnología de la Información y la Comunicación (OPTIC) en una dependencia desconcentrada del Ministerio de Administración Pública (MAP), denominada Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y la Comunicación (OGTIC).
Precisamente estas necesidades tecnológicas, motivaron que el día 3 de septiembre de 2004, mediante Decreto No. 1090-04, fuera creada con autonomía financiera, estructural y funcional la OGTIC.
En el país existe desde el 3 de septiembre de 2004, vía el decreto 1090-04, la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación (OPTIC), con dependencia directa del Poder Ejecutivo, es decir, del ex presidente Leonel Fernández y mediante decreto número 54-21, la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (Ogtic), en la presidencia de Luis Abinader; surge el Gabinete de Innovación, son los organismos que velan por las aplicaciones de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del Gobierno dominicano.
Desde ese espacio gubernamental tecnológico, se está planteando lo que se ha denominado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la cual contará con el acompañamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Como se puede observar, en la definición de esta estrategia robótica, el Estado dominicano involucra a las siguientes dependencias Ministerio de la Presidencia, Relaciones Exteriores, (Mirex), el de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Superintendencia de Bancos (SB).
También los ministerios de Cultura, de Administración Pública (MAP); de Hacienda (MH); de Defensa (MIDE); la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi); la Pontificia Universidad Católica, Madre y Maestra (PUCMM); la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep); la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual (Adopi); el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS); el Banco Central (BCRD); la Sociedad Dominicana de Inteligencia Artificial (SDIA); el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep); Big Data Dominicana; la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y, la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Dieing); entre otras instancias, que por su vinculación a esta área, podrían ser parte del equipo.
Interesante sería integrar a las universidades e institutos de estudios superiores, en donde varios de ellos ofrecen carreras profesionales y técnicas a jóvenes.
Acompañan a estas instancias estatales las empresas tecnológicas, tales como BONTIX, Claro, Altice, Oracle, Google, Microsoft, Fortinet, Huawei y Cloudfare. y continúe leyendo https://eldia.com.do/
