Santo Domingo.-En un informe rendido por la jueza que concedió permiso a 57 reclusos para pasar las festividades de Año Nuevo con sus familiares se indica que 38 de ellos habían sido favorecidos con este privilegio en ocasiones anteriores por recomendación del Ministerio Público, incluyendo a uno que ha salido de prisión en 25 oportunidades.
La conducta de la jueza Katerine Rubio Matos fue defendida de manera enfática por su superior inmediato, María Garabito Ramírez, presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal, quien atribuye a la Procuraduría General de la República promover una información “exageradamente cruel, dañina, inexacta, mendaz y plagada de malicia”.
Garabito Ramírez consideró que con esas acciones el Ministerio Público “pretende desestabilizar el Poder Judicial” y le acusa de querer manejar los centros penales del Distrito Judicial de San Cristóbal al margen de lo que dispone la ley.
Puso como ejemplo que el mismo día primero de enero el Ministerio Público le otorgó un permiso sin autorización del Juez de Ejecución de la Pena al recluso Luis Lara, condenado a 30 años de prisión por el caso Paya.
En un informe escrito enviado al Consejo del Poder Judicial, la presidenta de la Corte y superior de la jueza cuestionada, denunció que el Ministerio Público “dispone de todo tipo de acciones ilegales en contra de los internos, sin tomar en cuenta la participación del juez de Ejecución de la Pena, pretendiendo que las mismas sean posteriormente legalizadas o justificadas”.
Méritos de jueza
En el informe se agrega: “La jueza que actualmente está como interina en dicho Tribunal (Katerine Rubio Matos) conoce la legislación y la aplica, por lo que se le ha hecho difícil al Ministerio Público y a otros actores narigonearla o ponerla a su servicio, como ocurría con jueces anteriores, esto hace que la vean como una amenaza a sus intereses y no como una juez trabajadora, independiente, honesta, respetuosa y conocedora de la Constitución, la ley y los procedimientos”.
La jueza presidenta de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal acusó al Ministerio Público de un mal manejo administrativo de los centros penitenciarios. “Le aseguro, con letras mayúsculas, que son un monumento al desorden, a la negligencia, a la falta de gerencia, al desconocimiento total y absoluto de lo que tienen entre manos, pero lo que es peor, juegan al chantaje, de no presentar los presos a las audiencias”, agregó.
Informe de jueza
La magistrada en cuestión remitió al Consejo del Poder Judicial el reporte que elaboró la jueza Katerine Rubio Matos, en el que detalla la justificación legal de su decisión, el reporte sobre el comportamiento de cada recluso y las veces que en el pasado han recibido permiso para salir de prisión por recomendación del Modelo Penitenciario, dependencia del Ministerio Público.
Los beneficiados
En su informe indica que solo fueron considerados para el permiso que establece la ley sobre el régimen penitenciario los internos que en su hoja de vida en prisión tienen calificaciones de comportamiento óptimo, muy buena y buena y que estén cerca de la mitad de la pena, aunque son hábiles para este privilegio con la tercera parte de la pena cumplida.
“Ver una actitud dañina, frente a una persona que no ha cometido ninguna irregularidad legal, ni mucho menos actos de corrupción alguno, favoritismo o comercialización de su función, amerita que nos sintamos heridos, no solo de manera personal en lo que a mi persona concierne, sino como uno de los tres poderes del Estado que hasta el momento ha sido el más maltratado”, indica la jueza interina del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal.
Inpectores investigan magistrada
Miembros de Inspectoría General del Poder Judicial investigan a la jueza Katherine Rubio Matos sobre los permisos otorgados a internos condenados por sicariato, narcotráfico y otros delitos.
Los inspectores realizaron un levantamiento en el tribunal en torno a las decisiones emitidas por la magistrada, como parte de la investigación.
Los funcionarios llegaron a las 11:20 de la mañana de ayer al tribunal ubicado en el Palacio de Justicia de esa jurisdicción y concluyeron pasadas las 4:00 de la tarde.
El presidente del Consejo del Poder Judicial, Mariano Germán, apoderó a un equipo encabezado por el inspector general Leonidas Radhamés Peña para la indagatoria en torno a la denuncia de la Procuraduría General de la República.
