Mientras más recorro el territorio de República Dominicana, más me impresiono de la diversidad de sus condiciones geográficas.
Es tan singular la multiplicidad de paisajes, que en cada trayecto descubro algo nuevo y hermoso. Sin embargo, me pregunto por qué algo tan extraordinario ha sido ignorado durante los útimos 60 años de democracia.
Esa especie de indiferencia la catalogo como la maldición del territorio dominicano, considerando su alto nivel de vulnerabilidad.
En efecto, el territorio de República Dominicana cuenta con a penas 48,442 Kms. cuadrados en una isla de sólo 76,192 Kms cuadrados.
La misma es compartida con la República de Haití, la nación más pobre del hemisferio.
A esto se agrega la amenaza constante por fenómenos atmosféricos, al ubicarse en la región del Caribe. Por otra parte, los efectos del cambio climático atentan contra el territorio nacional, uno de los más vulnerables en el planeta.
La indiferencia desde el Gobierno central
Una de las evidencias predominantes de la indiferencia oficial hacia el territorio es la ausencia de un plan de ordenamiento territorial. Desde los años 70s. se han emprendido iniciativas sectoriales y zonales de ordenamiento territorial, pero con baja efectividad por no contar con mandatos de ley.
En 1987 se creó el Consejo Nacional de Asuntos Urbanos (CONAU) para asumir como tarea central el ordenamiento territorial, mas careció de fuerza legal y funcional. Por otra parte, con la Ley 64-00 de Medio Ambiente del año 2000 se fijó un plazo de tres años para establecer un plan de ordenamiento territorial. Resulta, que después de 20 años aún no ha sido posible lograr esa meta.
Esto sucede, a pesar de que el Art. 194 de la Constitución del 2010 establece que “es prioridad del Estado la formulación y ejecución, mediante ley, de un plan de ordenamiento territorial”. Han pasado once años de éste mandato y aún sin resultados. Dos años después se aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo bajo la ley 1-2012, la cual ordena la formulación de un plan nacional de ordenamiento territorial, pero nada aún.
Hoy en día el Congreso de la República conoce un proyecto de ley orgánica de ordenamiento territorial, sin embargo, no hay seguridad de que será aprobado.
En definitiva, la falta de voluntad política, los intereses en conflicto y la ausencia de presión social, podrían perpetuar el limbo del territorio dominicano.
La incapacidad en los
gobiernos locales
Más del 30% de las competencias propias que la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios confiere a los ayuntamientos corresponden a ordenamiento territorial.
Sin embargo, esa es la competencia que menos ejercen los gobiernos locales.
Esto se debe, tanto a la ignorancia de los alcaldes y regidores sobre la importancia estratégica del ordenamiento territorial en el desarrollo local, como a las debilidades legales y financieras de los ayuntamientos.
La prueba más fehaciente de esta situación es el contenido de los presupuestos municipales, los cuales no incluyen inversión en planes de ordenamiento territorial, en la mayoría de los casos. En determinados municipios, gracias a la cooperación Internacional, se han formulado planes de ordenamiento territorial, pero su puesta en ejecución no ha sido efectiva.
La Indolencia de la Sociedad
Por su parte, la sociedad dominicana no asume la “causa del territorio”, a pesar de que sufre día a día la maldición que le arropa. En efecto, son contados los movimientos sociales que surgen en defensa del territorio.
Exceptuando los movimientos ambientalistas que, a veces, logran ganar algunas batallas, no se evidencia la presión social suficiente para hacer cambiar la indiferencia del Estado.
Playas inundadas de basura, ciudades en expansión sin control, ríos convertidos en cloacas de grandes zonas urbanas, suelos explotados sólo por criterios de rentabilidad económica, inversiones públicas y privadas en infraestructura sin un marco nacional, sistema de tránsito bajo un “collage” de decisiones reactivas, en fin, la lista de ejemplos de indiferencia del Estado es larga, ante la indolencia social.
El reto de romper la
maldición de Cenicienta
Parecería que existiera un contrato social entre el Sector Público (la Política), el Sector Privado (el Mercado) y la Ciudadanía (la Sociedad) para conspirar contra el territorio, por acción o por omisión.
El Estado está llamado a dar el primer paso para romper este triangulo vicioso. Esto lo logrará, simplemente, aplicando los mandatos de la Constitución y las leyes en la materia. El Poder Ejecutivo debe garantizar que todas las políticas públicas, en su diseño y ejecución, asuman la variable territorio como denominador común.
El territorio es la excusa más poderosa para unirnos como dominicanos, para fortalecer nuestro sentido de pertenencia y trabajemos como un equipo.
El territorio es la base de nuestra identidad como Nación, de nuestra historia y cultura.
Del territorio se debe partir para definir un futuro común de ésta y de las siguientes generaciones.
Eso es lo que justifica actuar con premura contra la indiferencia, la icapacidad y la indolencia, rompiendo la maldición del territorio de ser la prioridad “Z”, la Cenicienta, en las políticas públicas.
*Por Andrés Navarro
