Santo Domingo.-El caso Coral, puesto en la Secretaría del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional por el Ministerio Público el día 24 de abril pasado, espera para ser conocido con fines de coerción a que la Segunda Sala de la Corte de Apelación conozca la recusación contra la magistrado Kenya Romero.

Se trata de poco tiempo. A partir de que el incidente sea recibido en la Corte tiene 72 horas para ser decidido, de acuerdo con los artículos 80, 81 y 82 del Código Procesal Penal. La decisión no es pasible de ningún recurso en contra.

El incidente fue promovido por Félix Portes, abogado del coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los imputados a quien el Ministerio Público le atribuye la ingeniería de los procedimientos para canalizar el dinero a través de un sofisticado laberinto que permitía el blanqueo.

Las detenciones se produjeron el día 24 de abril, hubo un primer intento de conocer la solicitud de coerción el día 28, pero los abogados alegaron que no conocían el expediente, por lo cual la audiencia fue pospuesta el viernes, día 30 de abril, cuando la magistrada Romero empezó con el conocimiento del caso.

La recusación tiene por finalidad impedir que un juez conozca un proceso. En este caso por presunción de parcialidad. La magistrada Romero afirmó que no tiene ningún interés particular que le impida el conocimiento de la coerción.

Todavía inocentes
El principal de los imputados en el expediente de la denominada “Operación Coral” es el mayor general del Ejército Adán Cáceres Silvestre, responsable de Seguridad del expresidente Danilo Medina y jefe de seguridad del Presidente de la República desde agosto de 2012 hasta agosto de 2020.

Se les imputa asociación de malechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y lavado de activos, además de Cáceres Silvestre, a la pastora Rossy Guzmán, su hijo Tanner Antonio Flete, el coronel Núñez de Aza y el teniente coronel Raúl Alejandro Girón Jiménez.

Presunción
El Ministerio Público ha pedido para ellos prisión preventiva de un año. Los abogados, que tuvieron acceso la semana pasada a un documento de cerca de 200 páginas articulado en meses de investigación, necesitan tiempo para organizar sus medios de defensa y si es posible una estrategia común que les permita demostrar que los imputados son inocentes, que el expediente contiene falsedades o que en la investigación fueron violados derechos procedimentales o fundamentales.

En realidad todas estas personas tienen que ser consideradas inocentes hasta que el Ministerio Público destruya esa presunción en justicia. Para la opinión pública la prisión preventiva es una consideración de culpabilidad, lo que le confiere a esta medida extrema una vocación de patíbulo moral contra la que deben luchar los abogados.

El Ministerio Público, en cambio, la necesita porque no sabe si el proceso culminará a favor de la sociedad que representa y porque le da ventaja en el arduo proceso investigativo que deberá desarrollar de ahora en adelante para blindar el anticipo de pruebas que ha hecho.

Cadena de casos
“Operación Coral”, como la ha bautizado el Ministerio Público, tiene dos antecedentes, uno que ya está en manos de la justicia y otro que todavía está en proceso de investigación.

Antes que Coral ingresara a un tribunal, en este caso el de Atención Permanente del Distrito Nacional, lo había hecho “Operación Antipulpo”, que empezó con las detenciones realizadas el día 29 de noviembre del año pasado y con la resonancia de las imputaciones y los medios de defensa desplegados ante la misma instancia judicial a la que ha llegado Coral, pero en la ocasión bajo la responsabilidad del magistrado José Alejandro Vargas, que fue escogido en enero pasado como miembro del Tribunal Constitucional y ya no se ocupa de estos asuntos.

El día 22 de febrero la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, con el magistrado Wilson Camacho a la cabeza, allanó durante unas 12 horas las oficinas de la Cámara de Cuentas, de donde cargó con documentos de los que todavía no ha salido un expediente contra ninguno de los titulares de entonces, operación que en su momento fue bautizada “Caracol”.

¿Por qué Caracol? Ha sido dicho por la propia autoridad investigadora que los pulpos viven protegidos por el coral y que el caracol es parte de su alimento. Esto permite suponer que en las oficinas de la Cámara de Cuentas se buscaba evidencia contra los imputados de la Antipulpo. También se puede entender que la Operación Coral ha sido desplegada para quitarle al pulpo el elemento defensivo, de manera que se le pueda ver sin dificultades moviéndose sobre sus tentáculos.

Confusiones
Vistas desde la distancia, cada una de estas operaciones parecen un caso judicial despojado de áreas oscuras, pero no es así. Al calor de la Operación Antipulpo se produjo el suicidio de César Prieto y en la opinión pública se instaló el convencimiento de que había sucedido porque se le investigaba como parte de la supuesta red de malechores.

Prieto, además de haber sido funcionario de Medina, era un dirigente estimado del Partido de la Liberación Dominicana.

En cuanto la Cámara de Cuentas, se discutió entonces si era lícito o jerárquicamente apropiado el allanamiento y la requisición de documentos, como lo había hecho el Ministerio Público, de un órgano con fueros constitucionales compartidos con el Defensor del Pueblo, Junta Monetaria, Junta Central Electoral, Tribunal Superior Electoral y Tribunal Constitucional.

Siete opciones

— Una petición
El Código Procesal Penal ofrece siete opciones para la aplicación de medidas cautelares. Están en el artículo 226 ordenadas con un criterio preferencial. Para el Ministerio Público, sin embargo, sólo hay una, la última: la prisión preventiva. De ser hallado culpable el imputado no pierde este tiempo, que se le computa. Si es absuelto, es prisión sin sentido.

General Cáceres ha quedado turulato
La verdad. El mayor general Adán Cáceres Silvestre está perplejo ante el expediente con el que lo han conducido ante la justicia.

Bajo la presión de esta perplejidad le dijo el viernes pasado a la magistrada Kenya Romero, del Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional, que al leer el expediente se enteró de las acusaciones de que es objeto.

“Al leerlo me di cuenta de que he sido objeto de una investigación bastante acuciosa y que los investigadores han tenido mérito en sus investigaciones; sin embargo, he notado allí, no puedo decir que demasiadas mentiras, pero sí he notado la verdad retorcida en contra de mí y de mi honor y eso me ha tocado profundamente magistrada, yo soy presentado allí como un malhechor”.

En sus 52 años, dijo el general, “nunca había estado en una situación como esta, y tal vez, por desconocimiento, no sepa como dirigirme adecuadamente a usted y tal vez no tenga la destreza de la retórica forense que tienen los abogados”.

La suya fue la primera intervención ante el tribunal desde que fue detenido el día 24 de abril pasado.