El Día 
El proyecto de ley para regular los salarios ha encontrado gran resistencia y muchos están convencidos de que difícilmente el Congreso Nacional lo apruebe.
Muchos son los que están convencidos de que hay que ordenar la política salarial del Estado dominicano, especialmente cuando se tienen casos de funcionarios que usan el poder discrecional para fijarse salarios que son vergonzosamente altos, mientras la gran mayoría de los servidores públicos tiene ingresos vergonzosamente bajos.
El Estado es el mayor empleador del país, pero no hay ninguna norma jurídica que defina su política salarial.
Todas las iniciativas conocidas para regular las estructuras salariales, ya sea por ley o por disposición del Presidente de la República, encuentran resistencia. Así ocurre con las auditorías de nóminas, de recursos humanos y todo plan que incida en ampliar el ángulo de transparencia de la administración pública.
Independientemente del destino que corra el proyecto de ley, hay que tomar en cuenta dos factores.
Primero, que todos los sueldos del Estado están amarrados a la cartera de impuestos, al dinero que percibe el Gobierno a través de los contribuyentes y otras fuentes de ingreso por la vía arancelaria; y segundo, el periodo de transición, que todo lo limita.
La lógica nos hace pensar de la manera siguiente: mientras menos millones de pesos necesite el Estado para pagar la nómina pública, habrá más dinero disponible para la inversión de retorno y beneficio para el pueblo dominicano.
La ley, si se aprueba, podría servir de apoyo para otras iniciativas ligadas al desarrollo y el aumento de las inversiones en el país.
De todas formas, en manos de nuestros legisladores está una parte del futuro del país.
