Quizá porque desde los albores de nuestra vida institucional la ley “se acata, pero no se cumple”, no terminamos de decidir entre ver la ley como panacea o como simple tinta sobre papel. Creemos, al mismo tiempo, cosas mutuamente excluyentes.

Por eso pensamos que todos los problemas se resuelven con una ley, y, por otra, que “no hacen falta leyes nuevas”, sino “voluntad política” o, peor, “mano dura”. Por los mismos motivos, los legisladores son considerados villanos por activa y pasiva. Son malos cuando crean leyes nuevas porque “no son necesarias”, y peores cuando no lo hacen por “vagos”.

La ley es simultáneamente nuestra esperanza de soluciones inmediatas y el mal absoluto que complica todo.

Mas la realidad no se encuentra en ninguno de estos extremos, mucho menos cuando conviven. La ley no es una solución en sí misma, pero sí es necesaria para plantear soluciones institucionales.

Su papel, más que borrar de un plumazo realidades indeseadas, es crear la infraestructura institucional que permita el éxito de la herramienta que sí nos puede brindar soluciones: las políticas públicas.

Tal vez nos fuera mejor si tuviéramos menos fe en el poder mágico de las leyes y pusiéramos mayor atención a los objetivos que queremos alcanzar y a las políticas públicas que nos llevarán a ellos.

La ley es solo un instrumento, de modo que ni hemos triunfado sobre los problemas cuando son aprobadas ni el fracaso es suyo cuando no ejecutamos las políticas públicas destinadas a hacer realidad su mandato.

Lo que necesita nuestro país no son más o menos leyes (mejores sí, siempre), ni tampoco que se cumpla el aspecto punitivo de las que ya existen o están por crearse.

Lo que necesita es que asumamos un proyecto de largo plazo en el cual los cambios serán posiblemente lentos, pero constantes. La atención a las leyes debe ser igual que su importancia, complementaria de lo principal: el diseño y ejecución de políticas públicas realistas, eficaces y continuadas.