Los Centros de Atención Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, son recintos penales para jóvenes hasta los 18 años que cometen algún delito, han sido creados mediante la Ley No.136-03. En el país hay un total de nueve, que albergan un total de aproximadamente 800 jóvenes de ambos sexos.

Hace algunos días tuve la oportunidad de visitar dos de los tres centros que se encuentran en El Gran Santo Domingo, encontrándome con decenas de jóvenes detenidos; dejados en el olvido por un Estado que ha obviado su responsabilidad con ellos, privándolos no solo de su libertad, sino también de educación, medicamentos y atención sanitaria, alimentación digna y oportuna y peor aún; de un proceso rápido que decida su suerte. En pocas palabras, les ha privado de su dignidad.

¿Cómo creemos en los discursos retóricos de que “la juventud es el futuro de nuestro país”, si no la cuidamos en su presente?

El Estado ha invertido millones de pesos en planes de seguridad ciudadana para contrarrestar la violencia y la criminalidad, pero parece olvidar que si invierte en la reinserción y rehabilitación social de los aproximadamente 800 adolescentes que se encuentran recluidos en esos centros, estaría invirtiendo directamente en la seguridad nacional. Sabemos de hecho que cada joven que se aleja del delito deja de ser un potencial inquilino de una celda de adulto en un futuro no lejano.

¿Es posible hablar de atención integral cuando más de la mitad de los adolescentes de estos centros duermen en el suelo por falta de camas, cuando la comida que llega es de muy mala calidad o cuando si se enferman no tienen acceso ni siquiera a un antibiótico o un antiinflamatorio?

¿De cuál atención integral estamos hablando si se le niega el acceso al aire manteniéndolos cerrados en la celda por 6 días corridos?

La falta de políticas públicas en favor de estos jóvenes en conflicto con la ley y víctimas en su mayoría de la desintegración familiar y de un entorno desfavorable, son el factor desencadenante para que tantos adolescentes terminen perdiendo el valor más preciado que pueda tener un ser humano después de la vida, la libertad.

Es indignante e inhumano ver un adolescente de 14 o 15 años dormir en el suelo en una celda junto a 20 jóvenes más, sin un abanico y recibiendo solamente de día un rayito de sol que por fortuna se cuela en su celda y ese es el mayor regalo de la naturaleza ya que solo pueden tomar aire una vez por semana debido a la falta de personal para custodiarlos.

Si los adolescentes en conflictos con la ley representaran una población significativa y con decisión de voto, seguramente su suerte sería otra.
Después de haber visto todas estas vivencias, me pregunto: ¿Puede haber realmente reinserción y rehabilitación social para estos jóvenes?

*El autor es abogado y coordinador jurídico del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV)