Santo Domingo Oeste es un municipio muy poblado. Para saber con cuántos habitantes cuenta, así sea en una medida aproximada, habría que esperar los resultados del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda aplicado en noviembre del año pasado.
Pero aquí no se trata de las estadísticas poblacionales de esta demarcación del país, sino de las dificultades que confronta la administración de justicia cuando se presentan casos con más de cinco personas, así que para estos fines es bastante el dato del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que para el año 2022 le atribuía unos 450 mil habitantes.
La precariedad espacial de la que damos cuenta salió a la luz el pasado lunes a propósito del intento de conocimiento de una medida de coerción a los imputados de un fraude por más de 2 mil 500 millones de pesos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Herrera.
El juez de atención permanente debió suspender la audiencia y convocar para el viernes, día 20 de octubre, en Santo Domingo Este.
Los municipios Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este surgen con la Ley 163-01, del 16 de octubre de 2001, que dio origen a la provincia Santo Domingo y todavía hoy, 22 años después, arrastran carencias importantes que no serán enumeradas aquí por impertinentes a la luz del caso que nos ocupa.
Se puede argumentar que hace alrededor de un mes fue realizado el acto formal de inicio de la construcción de la que entonces fue denominada Ciudad Judicial de Santo Domingo Oeste, y es cierto.
Pero el 22 de agosto de agosto de 2018, hace poco más de seis años, fue iniciada la de Santo Domingo Este y todavía no ha sido concluida.
La administración de justicia debe estar rodeada de una cierta solemnidad, pero también de las condiciones materiales mínimas para beneficio de actores, víctimas e impetrantes.
