La interferencia del gobierno en el desenvolvimiento independiente de la Justicia ha aflorado en el informe del Departamento de Estado 2019 sobre Prácticas de Derechos Humanos, el caso República Dominicana.
Y como de Justicia se trata, esta carga contra el Gobierno dominicano tendría que ser demostrada, pero parece improbable que uno pida las pruebas y que el otro las presente. La oportunidad puede, sin embargo, ser aprovechada para hacer una ponderación de la democracia, un sistema que si es considerado maduro, la interferencia desde otro poder denuncia el síntoma de que alguien desconoce sus competencias, la importancia de la separación de poderes, los frenos y los contrapesos y la conveniencia de un tercero imparcial, que en todas partes suele ser y debe ser la Justicia, para una aplicación efectiva de reglas, normas y leyes indispensables para el buen desenvolvimiento de la vida pública y privada en la sociedad.
El informe toca otros puntos, entre ellos las ejecuciones y las torturas —verdaderos atentados contra los derechos humanos—, la corrupción y la prensa, la primera un indicio muy claro de que no existe un régimen de consecuencias y la segunda una señal de la calidad de la democracia y de la efectividad del ejercicio de un derecho con rango constitucional.
