Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La semana pasada, de manera sorpresiva, el Ministerio Público portugués allanó la residencia oficial del primer ministro Antonio Costa, provocando su renuncia al día siguiente y la convocatoria de elecciones anticipadas para marzo de 2024.
El Ministerio Público, en una operación de esas con título fílmico, en este caso “Operación Influencers”, había vinculado a Costa en una trama de corrupción.
Ahora resulta que las cosas no están tan claras, y que una de las pruebas estrella del Ministerio Público era la grabación de conversaciones telefónicas en las que se mencionaba a Costa por nombre.
Sin embargo, en declaraciones ante el juez de control de la investigación, uno de los grabados advirtió de que había una discrepancia entre lo dicho por él y la transcripción. Al verificarse, resultó que, ciertamente, mientras la transcripción menciona a Antonio Costa, en el audio se menciona a Antonio Costa Silva, ministro de Energía con nombre similar al de su superior.
Pero el caso no queda ahí. En una crónica de Tereixa Constenla, corresponsal en Lisboa de El País, se señala que el juez control rechazó la solicitud de prisión preventiva contra los cinco involucrados detenidos, considerándola desproporcionada, y adelantó que, en lo presentado por el órgano persecutor hasta el momento no veía indicios de corrupción administrativa activa o pasiva. El Ministerio Público lo niega todo, pero ya su caso ha sufrido un impacto severo.
Es decir, se disuelven ante la vista de todos los cimientos de una operación que desencadenó una crisis política en Portugal. Es todavía muy temprano para saber qué ocurrirá, y si el Ministerio Público podría salvar la situación. Lo cierto es que si las fallas en su investigación son tan graves como indican las crónicas, tiene un camino muy difícil por delante.
Lo que sí queda claro es que no actuó con el cuidado y el sentido de la responsabilidad que requiere su papel. Sobre todo, tratándose de un caso con consecuencias tan trascendentes.
La vida política de Portugal, un país reconocidamente melancólico y tranquilo, se ha visto sacudida por una actuación descuidada y a todas luces precipitada de su órgano persecutor. Todavía está por verse el daño causado a su estabilidad política y la confianza en las instituciones, Ministerio Público incluido.
