La intervención de teléfonos

La intervención de teléfonos

La intervención de teléfonos

Resulta preocupante que desde el Ministerio Público se estén buscando atajos para violar el derecho a la intimidad de los ciudadanos y que de paso arrastre a jueces que son sorprendidos en su buena fe a la hora de emitir autorizaciones para interceptar teléfonos.

Los más recientes casos develados sobre intervenciones de teléfonos a terceras personas, falseando u ocultando la identidad real de los propietarios de los teléfonos requeridos, deja un amargo sabor y siembra una razonable duda sobre el uso que se le está dando desde el Ministerio Público a este recurso investigativo.

Aunque se le ha querido dar un aire de legalidad al solicitar a los jueces autorización para las intervenciones, lo cierto es que se violenta el espíritu de la Constitución de la República en lo referente a la protección de la intimidad del ciudadano, pues se meten de contrabando teléfonos de terceros.

En democracia hay medios legales establecidos para que el Estado ejerza el monopolio de la fuerza y su responsabilidad de defender la seguridad nacional, así como para investigar los casos penales.

En lo relativo a las solicitudes de interceptación telefónica ha habido un relajamiento de estas potestades, poniendo al Ministerio Público al margen del espíritu de las leyes.

Se ha demostrado que el Poder Judicial tiene que dudar de las solicitudes de entes estatales para intervenir teléfonos. Por tanto, los jueces tienen que hacer un esfuerzo adicional, ya sea solicitando a las prestadoras de servicios certificaciones de a nombre de quién están esos teléfonos.

En caso de que estén a nombre de una persona distinta a la investigada, entonces en las motivaciones de la solicitud se deben agregar las explicaciones correspondientes.

Un Estado democrático y de derecho no puede, bajo ninguna circunstancia, argumentar que el fin justifica los medios, y lo que hemos estado viendo con relación a las interceptaciones telefónicas es que esos medios implican buscar atajos que eludir las disposiciones legales que protegen el derecho a la intimidad.



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