El pueblo dominicano está viviendo uno de los momentos más difíciles de su historia en lo que se refiere a la inseguridad ciudadana. La Republica Dominicana es el noveno país que registra mayores niveles de delincuencia callejera y violencia en América Latina y El Caribe.
Esta realidad ha motivado que, recientemente, sectores de la clase media y alta de la población capitalina, se hayan convocado a través de las redes sociales de internet, para reunirse en el parque La Lira, a los fines de protestar vehementemente en contra del flagelo de la delincuencia y la violencia que arropa nuestra sociedad.
La situación que vive el país en materia de delincuencia callejera empeora cada vez más y las autoridades encargadas de poner el orden se han mostrado incapaces de darle solución al problema. Ni los desprestigiados intercambios de disparos, ni las odiadas redadas en los barrios populares, ni Barrio Seguro, han logrado frenar en lo más mínimo la ola delictiva y de violencia que afecta a la nación.
El gobierno, desde sus distintos estamentos, no puede encontrar la receta para curar la enfermedad y se limita a culpar de la situación al Código Procesal Penal y a los jueces, que partiendo de la soberanía de sus íntimas convicciones, emiten sentencias que favorecen a personas acusadas de actos delictivos.
No sería exagerado señalar que los gobiernos de los partidos que han detentado el Poder en los últimos cuarenta y seis años son los principales responsables de la ola de delincuencia que afecta nuestro país. En primer lugar, el flagelo de la corrupción, que proviene de las más altas instancias de los gobiernos de turno, envía un mensaje claro a la población, de que es posible robar y mantener impunidad. La corrupción gubernamental es el principal acto delictivo que afecta la nación.
La corrupción genera delincuencia y violencia, porque contribuye con los niveles de pobreza que padece la mayoría de la población, ya que en las garras de la corrupción se escapan sumas enormes de dinero; que podrían emplearse en inversión social, sobre todo, en salud, educación, agua potable, energía eléctrica, instalaciones deportivas, viviendas dignas, generación de fuentes de empleo, etc.
La política económica que implementa el gobierno, bajo el mandato del FMI, es delictiva y violenta, porque trae miseria y hambre a la ciudadanía, y, en sí misma, contribuye con la delincuencia y violencia existente en el país. Es desesperante para un pueblo ver como cada semana se aumentan los combustibles, con su secuela de aumentos generalizados de todos los productos de primera necesidad.
La delincuencia de cuello blanco ha afectado a cientos de miles de personas, que han visto sucumbir sus ahorros en manos de delincuentes de saco y corbata, que han llevado a estos ciudadan@s y sus dependientes a la ruina económica.
Estos desgobiernos lanzan diariamente a la delincuencia callejera a cientos o miles de personas desesperadas por la situación económica que atraviesa el país.
Poner en manos de un ciudadano o una ciudadana un arma de fuego y pagarle siete u ocho mil pesos mensuales, con los altos niveles de inflación que padece el país, es lanzarlo a las calles a delinquir. No es posible que los policías con sus bajos salarios puedan combatir la delincuencia con eficiencia. Contrariamente, están obligados a buscar dinero adicional de una forma u otra para poder subsistir.
Asimismo, el narcotráfico y la adicción a las drogas, incluyendo el alcohol, son grandes generadores de violencia y delincuencia callejera. Son los que perjudican más directamente a la población, la cual se ve diariamente afectada por un asalto a mano armada al salir o entrar a su hogar, el robo de un celular, de su vehículo, etc.
La delincuencia callejera, la de cuello blanco y la violencia, se han convertido en un círculo vicioso, del cual solo es posible salir, rompiendo las cadenas de la politiquería de la derecha, que es la que engendra estos males y nos ha desgobernado por más de cuatro décadas; que de continuar en la administración del Estado empeorara cada vez más la situación escalofriante que padece la nación.
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*El autor es secretario general de la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
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